Algunos allegados al abogado Jorge Winckler tienen la errónea percepción de que la presión de Palacio de Gobierno para removerlo de la Fiscalía General del Estado (FGE) se reduce a un pleito personal del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Pero el titular de la SEGOB sólo es uno de los arietes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien busca hacerse del control de este órgano autónomo para colocar ahí a un fiscal verdaderamente apto y sobre todo de absoluta confianza que emprenda por la vía penal el deslinde de responsabilidades en contra de su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares y de todos los demás ex funcionarios cómplices que continuaron con el saqueo del régimen priista de Javier Duarte de Ochoa, dejando las finanzas públicas de Veracruz en bancarrota.

Por ejemplo, uno de los tantos negocios por el que se pretende investigar al ex mandatario panista es el de la instalación de las 6 mil 316 cámaras de videovigilancia, de las cuales sólo funciona el 34 por ciento, y cuyo contrato de mil 100 millones de pesos le fue asignado de manera directa a la empresa COMTELSAT, cuyo dueño es Manuel Arroyo, propietario de El Financiero, el diario capitalino que en la pasada sucesión gubernamental de Veracruz publicó encuestas manipuladas a favor del candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, el primogénito de Yunes Linares.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, acaba de informar que al concluir la primera fase del Proceso de Entrega-Recepción se detectó que esta situación es constitutiva de delito y que están preparando la respectiva denuncia legal, pues señaló que COMTELSAT ya había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013 también por incumplimiento de contratos celebrados con Petróleos Mexicanos (PEMEX). A esta empresa, que opera en México desde 1993, igualmente se le imputa haber incurrido en contratos no respetados con varios gobiernos estatales que presentaron demandas legales.

Sobre este escandaloso caso de las videocámaras han estado insistiendo desde el año pasado tanto el gobernador García Jiménez como su secretario de Gobierno, por lo que se deduce que no lo van a dejar pasar.

Así que el verdadero objetivo de Cuitláhuac y de Eric Cisneros no es Winckler, sino el ex gobernador Yunes Linares. Pero para proceder contra el ex mandatario estatal del PAN primero necesitan deshacerse del fiscal yunista, pues si por ineptitud o bien por presuntos acuerdos discrecionales el abogado de origen oaxaqueño no pudo retener en prisión al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y a otros ex funcionarios duartistas recién liberados, menos se va a aplicar en contra de su verdadero jefe político a quien le sigue profesando absoluta incondicionalidad.

WINCKLER, DESAMPARADO

Por cierto, trascendió que ya van cinco amparos indirectos que promueve Jorge Winckler ante la justicia federal para impedir que lo remuevan de la Fiscalía General del Estado, pero hasta ahora todos le han sido desechados. 

Los últimos dos que presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz fueron el número 18/2019 y el 6/2019, el primero con fecha de acto reclamado el 27 de diciembre de 2018, y el segundo el 3 de enero del presente año.

En uno impugna la violación a los artículos constitucionales 14, 16 y 20, por “los actos orientados a separar del cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de la admisión inconstitucional e ilegal del juicio de amparo iniciado por el aquí tercero interesado, pese a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el estado de Veracruz (…), no previene la separación del servidor público sujeto a juicio político, sino hasta que el jurado de sentencia emite la resolución correspondiente.” También por “la inconvencionalidad de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz (…), por vulnerar el contenido preinserto del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, al no contemplar recurso alguno que permita el cumplimiento del precepto acabado de citar, es decir, los acuerdos emitidos en la tramitación de un juicio político ni la resolución que, en su momento, llegue a dictarse en el mismo (por parte del jurado de acusación o el jurado de sentencia) pueden controvertirse a fin de lograr su modificación, revocación o modificación.”

Pero el sentido de la resolución inicial fue “desechamiento” con fecha11 de enero de 2019. 

En el último amparo indirecto que promovió ante el mismo Juzgado de Distrito, cuyo número de expediente asignado fue 6/2019, Winckler reclama “amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general.” Y entre los actos reclamados específicos están “a) la discusión, aprobación, promulgación y publicación del decreto 749 mediante el cual se reforma el artículo 67 fracción I, inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, así como todos los actos que se ejecuten con base en dicha reforma” así como “ b) La inminente remoción del cargo del actual Fiscal General del Estado de Veracruz.”

Los artículos constitucionales presuntamente violados son el 14, 16, 17, 49 y 116.  

Ante esta situación, todo parece indicar que la suerte de Winckler está echada, y que en la sesión plenaria del jueves próximo la LXV Legislatura local decidirá su destino.