Durante todo el fin de semana la discusión en los medios de comunicación y las redes sociales se centró en el tema de responsabilidad que cada uno de los actores involucrados en el siniestro tendría que asumir pero que, en realidad, ninguno de ellos quiere reconocer.
No hay duda que, más allá de lo lamentable que resulta la tragedia, quienes fueron a robar el combustible que brotaba a chorros del ducto perforado son los principales causantes de su propia desgracia. Nadie en su sano juicio podría ignorar que manipular sustancias inflamables como la gasolina en las condiciones que lo hicieron estas personas, conlleva un riesgo enorme, como quedó demostrado.
Pero además del peligro manifiesto, un hecho incontrovertible es que se cometió un delito y que a quienes fueron a llenar bidones, cubetas y garrafones con el combustible no les importó involucrarse en actos ilícitos. Al contrario. Circulan videos en los que se aprecia cómo muchos de ellos agredieron a elementos del ejército que intentaban impedir la rapiña, y otros en los que celebraban su “travesura” y hasta se bañaban en gasolina. Las consecuencias fueron dantescas.
Y ahí se puede analizar otro nivel de responsabilidad. Las autoridades de todos los niveles fueron omisas. De acuerdo con la cronología dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la fuga en el ducto fue detectada a las 14:30 horas del viernes por los soldados, mientras que la aglomeración de la población se reportó hacia las 15:45 horas; la Gendarmería y los refuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron entre las 17 y 17:30 horas, con órdenes de no proceder contra los civiles, aun cuando estuvieran robando en flagrancia. Hasta las 18:20 horas se cerró el ducto y, 20 minutos después, éste explotó. ¿Hubo o no una brutal negligencia? Este reportero considera que sí, y que implica a las autoridades federales, estatales y municipales.
Sin embargo, la respuesta reiterada del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido que no usará a las fuerzas armadas para “reprimir al pueblo”, que en este caso, actuó con “inocencia” al pensar que no había riesgo al robar combustible que brotaba como si de una fuente se tratara.
A este argumento se han sumado muchos en ese mismo sentido, que justifican la rapiña con la supuesta pobreza y marginación de los implicados –muchos de los cuales acudieron al lugar de los hechos en camionetas y vehículos que lucían en buen estado- y casi vuelven mártires a quienes decidieron por voluntad propia –a excepción de los niños que fueron llevados ahí por sus familiares- poner en peligro su vida.
El problema es que mientras no se haga valer el estado de Derecho y se siga alcahueteando al “pueblo bueno” porque es pobre e “inocente”, seguro sucederán más episodios como el de Tlahuelilpan. El Estado Mexicano tiene la facultad del uso legítimo de la fuerza, que en este caso estaba justificada sin que ello implicase reprimir ni asesinar a nadie.
El “pueblo” no siempre tiene la razón. Ni es “bueno” por naturaleza. Si se quieren mejorar sus condiciones de vida que se les den las herramientas y oportunidades para lograrlo. Consentir que delincan porque hay pobreza, además de falaz, no solo es incumplir con el deber que las autoridades tienen. Es darse un balazo en la sien como gobernantes.
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