Una vez que Salinas de Gortari llegó a la silla presidencial tras el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, el neoliberalismo mexicano asumió carta de naturalización.
La teoría del Premio Nobel de Economía -el monetarista judío norteamericano Milton Friedman- se aplicó de lleno en México bajo el aval de gobiernos del PRI –los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón le dieron continuidad a esta política macroeconómica oficial- tal como ocurrió en Chile durante el gobierno de Augusto Pinochet luego del golpe de estado de 1973 que costó la vida del presidente socialista y demócrata Salvador Allende.
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La banca, estatizada por José López Portillo en 1982, regresó a manos privadas en 1991.
En 1990 se había creado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a fin de superar los problemas financieros extraordinarios. En 1998 el FOBAPROA fue sustituido por el IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
“1995 se aplica el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.” (1)
Dicho de otro modo, el FOBAPROA fue un instrumento “previsor” de lo que ocurriría tres años más tarde de la privatización de la banca mexicana: su quiebra y el “obligado” rescate con fondos financieros públicos, es decir dinero de todos los mexicanos que se empobrecieron más a partir de un fracaso monumental en la política económica estatal.
Entre 1990 y 1991 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari vendió Teléfonos de México a un grupo de empresarios entre los que sobresalió el Grupo CARSO de Carlos Slim; hoy convertido en uno de los hombres más ricos del planeta.
TELMEX era una empresa con mayoría de acciones en manos del gobierno desde 1971, cuando el gobierno de Luis Echeverría Alvarez se hizo de ellas.
La privatización de una buena parte de las empresas que el Estado mexicano creó a lo largo del siglo XX y luego de la Revolución de 1910, se fueron entregando al sector privado a partir del llamado “liberalismo social” o neoliberalismo.
Es importante subrayar que no solo se privatizaron empresas sino sectores enteros como el de los ferrocarriles, por ejemplo; ya en el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995..
En Veracruz, durante los últimos treinta años la inversión oficial en el sector industrial que en dos épocas distintas llevó a un alto desarrollo las zonas norte Totonaca-Huasteca con Poza Rica como punto de referencia en el ámbito petrolero y la Olmeca, al sur, con anclaje político-económico en Coatzacoalcos a través del rubro petroquímico, han vivido un abandono evidentemente planificado.
Al no existir condiciones políticas para privatizar Petróleos Mexicanos -emblemática empresa nacionalizada por el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938- la opción fue su desmantelamiento paulatino, un suicidio a cuenta gotas implementado con el exceso de impuestos para que el fisco se alimentara de PEMEX y la ausencia de inversión para su modernización tecnológica.
Tema aparte es la corrupción que ahogó a PEMEX desde el gobierno pero también desde el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM.
Hubo empresas que de plano cerraron como las azufreras de Texistepec: Compañía Exploradora del Istmo y de Jáltipan: Azufrera Panamericana.
Las razones que se esgrimieron para el cierre de estas plantas que dejaron en el ostracismo laboral a miles de empleados y en la inopia económica a miles de familias fueron su falta de liquidez, la caída internacional en el precio del azufre, así como el papel del sector petroquímico en la fabricación de fertilizantes, de los cuales el azufre es materia prima.
Hubo otro motivo básico: el gobierno se retiraba a gran velocidad de su papel empresarial y entregó todo lo que podía al sector privado en cuyas manos –en teoría- quedarían la generación de desarrollo económico, de empleos y por ende el arribo de la justicia social.
Nada de esto ocurrió.
En contraste: Poza Rica y la zona norte de Veracruz entraron a la peor crisis económica de su historia y llevan sumidos en ella más de cuatro décadas.
Coatzacoalcos vivió el relevo del boom petrolero al convertirse en la capital petroquímica del país y gozar tal condición durante los años 70s, 80s y 90s.
El arribo del siglo XX, empero, trajo al sur veracruzano la crisis que el norte ya padecía con el neoliberalismo que convertía en multimillonarios a unos cuantos y en pobres y miserables a la mayoría de mexicanos.
En Acayucan, al sur, como consecuencia de este proceso se cerró La Llanura, una empresa lechera que originalmente se denominó LICONSA y fue una de las más importantes industrializadoras de lácteos del país.
Raúl Salinas de Gortari –hermano de Carlos Salinas, el presidente neoliberal por excelencia- tuvo información privilegiada y fue uno de los beneficiados con la privatización de LICONSA que -ya vuelta La Llanura- quebró.
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Hemos hecho un asomo a un tema de ajuste estructural en México que explica en buena medida la realidad que hoy vivimos.
Los pasos que dé el gobierno de Andrés Manuel López Obrador serán hacia la continuidad de la privatización o de retorno a la época del estatismo, cuando el Estado se convirtió en empresario con muchas ventajas y desventajas para la sociedad.
En el caso de PEMEX cada día queda más claro que la Reforma Energética o proceso de privatización impulsado por Enrique Peña Nieto no avanza y no avanzará tal como lo planeó el ex presidente que terminó de hundir al PRI en los estercoleros de la historia.
Por otra parte casos como el de TELMEX o los ferrocarriles no aparecen como elementos de la estructura de telecomunicación que interese al nuevo gobierno retornar a sus manos.
¿Un estatismo a medias?
¿Una continuación del modelo neoliberal con guía política fundamentada en un “orden moral”, es decir anticorrupción?
El 18 de marzo podría haber algún anuncio que defina un poco más la política del sexenio lopezobradorista que en algunos aspectos aún deja dudas sobre su autodefinición.
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Ante una sociedad tan violentada como la veracruzana, donde la captura de Albino Quintero Meraz “don beto” en el 2002 -junto a la casa del entonces gobernador Miguel Alemán Velasco en Costa de Oro, Veracruz- marcó un hito sobre la presencia del narcotráfico en la entidad…
Donde la colusión del operador de varios cárteles con el poder político al más alto nivel estatal y federal es dato histórico, vale preguntarse:
¿El crimen organizado es parte de la estructura descompuesta que acompaña a toda sociedad y su gobierno, o en el caso mexicano la mafia constituye una estructura en sí misma ligada a, junto con, conformada en una simbiosis con los poderes políticos sustentados constitucionalmente y violados pública y salvajemente?
Planteado de otro modo: ¿las privatizaciones del modelo neoliberal siempre estuvieron acompañadas del rostro infernal que hoy nos puebla?
Más aún: ¿ese rostro infernal, de añeja aparición porque ya había un Estado-Narco desde la primera mitad del siglo XX, es uno de los elementos que alimentó la privatización del Estado mexicano cuyo resultado es un fracaso?
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