“(Pérez Daza) lo citó en el Consejo para decirle que, de continuar con este tipo de actitudes que tienen que ver con posicionamientos, comentarios, comunicados en contra de AMLO o de la forma en que está ejerciendo el poder, o de que haya ataques a nuestra independencia o nuestra autonomía, o que el Ministro presidente (Arturo Zaldívar) está alineado con él (…) se van a iniciar procedimientos de responsabilidad en contra de quien continúe haciendo ese tipo de comentarios”
Esto, aunado a otras frases como “ya tiene detectado a las personas que sobre todo han estado haciendo eso…”, y otras más, generaron una reacción masiva en las redes sociales.
Sobre todo periodistas, pero también activistas, historiadores y la sociedad en general expresaron su repudio ante esta nota.
La difusión fue tal, que ese mismo día, unas horas más tarde, la cuenta oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un tuit en donde replicaba dicha nota refutando lo publicado diciendo que “La nota es falsa. Toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) NO ha emitido señalamiento alguno en ese sentido, ni tendría facultades para ello”.
Bueno, menos mal que lo aclararon. Todo queda ahí… ¿o no?
Bien podría ser un ejemplo más de la columna anterior, otro caso de “prueba y error”, pues continúa la constante de estar justificando y/o corrigiendo el actuar y el decir de quienes gobiernan.
En fin, lo dejo a criterio del lector…
Del otro lado de la moneda tenemos que, el pasado miércoles, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que todos los servidores públicos que usaran redes sociales en donde difunden sus actividades oficiales, tenían prohibido bloquear a cualquier ciudadano que utilice estas plataformas para emitir comentarios o críticas severas a su actuar.
Todo esto surgió a raíz de que el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, bloqueara de su cuenta de Twitter al periodista veracruzano Miguel Ángel León Carmona. Quien, a su vez, presentó un amparo ante dicha medida.
Fue así que, el pasado 20 de marzo, la Segunda Sala de la Corte avaló el proyecto de Eduardo Medina Mora, en el que estableció que cuando un servidor público con cuentas en redes sociales bloquea a otros usuarios alegando el derecho a la intimidad “atenta con los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos”
Así, tanto Winckler como todos los funcionarios del país, deberán desbloquear a sus haters.
Será interesante checar Twitter en estos días…
Entonces, ¿qué concluimos de todo lo anterior?
Yo veo dos escenarios posibles:
- Siguen con la prueba y el error
- O contrarrestaron el “malinterpretado” mensaje de Curiel con una muy buena medida. Además, casualmente a favor de la libertad de expresión
Bastante curioso, a mi parecer, que justo haya sido en beneficio de lo que se criticaba que estaban coartando.
Vaya contrastes que estamos observando en esta nueva administración.
Del negro al blanco en 5 días.
¿Qué color sigue? Pareciera una gama interminable…
Y tú, ¿Kime cuentas?
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