La misiva enviada este jueves por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a los medios de comunicación, no tuvo –ni lejos- el impacto que han tenido otras de sus cartas.
En esta ocasión Javier Duarte se tomó el tiempo para negar que José Juan Janeiro Rodríguez haya sido su operador financiero. Aprovechó, además, para tacharlo de “delincuente” y de que se ha beneficiado de la justicia implicándolo a él en la comisión de diversos delitos.
Javier Duarte explica en su carta que Janeiro Rodríguez no colaboró en el Gobierno de Veracruz durante su Administración y que tampoco ha tenido ningún tipo de relación con él.
“Las declaraciones que hizo Janeiro Rodríguez dentro del proceso legal que enfrento son precisamente las barbaridades que he venido denunciando de todas las formas posibles y son aquellas a las que me refiero como las realizadas por personas que, sin tener ninguna relación conmigo, han confesado la comisión de delitos y por el solo hecho de declarar que estos delitos los cometieron por instrucciones mías las autoridades responsables -en aquel entonces- les otorgaron lo que la ley determina como ‘criterios de oportunidad’ logrando con ello ser exonerados de los delitos que realizaron”.
En estos momentos Javier Duarte está internado en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, donde cumple una sentencia de nueve años, luego de haber admitido su culpabilidad ante un juez por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El pasado domingo salió a la luz que Janeiro Rodríguez era socio del Senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, y de su hijo Alejandro Gómez Casso, al compartir acciones en la empresa AGC Trading.
José Juan Janeiro envió una carta al periódico Reforma para aclarar que, aunque habían sido sus clientes, ni Napoleón, ni su hijo Alejandro tenían vínculo alguno con él.
Eso motivó la intervención de Javier Duarte:
“Celebro el que se haga público el listado de los clientes de José Juan Janeiro Rodríguez, ya que de esta manera se comprobará el hecho de que no fui, ni soy su cliente y además se podrá determinar el origen de los recursos que él maneja en beneficio de sus clientes”, señaló.
Janeiro Rodríguez declaró que Javier Duarte contrató sus servicios como abogado fiscalista para tratar de resolver un problema de comprobación contable por 350 millones de pesos de las fnanzas de Veracruz.
Relató a la Fiscalía General de la República (en ese entonces PGR) que ese dinero fue depositado por diversas dependencias estatales a cuentas de empresas “fachada” sin que mediara ningún contrato, licitación o contraprestación.
Javier Duarte tiene su propia versión:
“Esta misma persona jamás fue contratada por mí para realizar trabajo alguno, es por eso que puedo afirmar de manera categórica que ese apelativo con el que se refieren a José Juan Janeiro en la nota periodística publicada el día de hoy en donde lo llaman como mi operador financiero es absoluta y totalmente falso”.
El propio Javier Duarte lo ha admitido en otros momentos. Su caso ya fue juzgado por la sociedad, y todo lo que diga en su defensa caerá en el vacío.
Esos son los efectos del corrosivo veneno que destila Miguel Ángel Yunes Linares.
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Epílogo.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Edel Álvarez Peña, hizo un reconocimiento público al “respaldo” del gobernador Cuitláhuac García para ampliar la infraestructura judicial con la creación de dos nuevas salas de juicios orales y un nuevo juzgado penal en Pacho Viejo. *** Edel Álvarez Peña sostuvo una reunión de trabajo con jueces de control con quienes revisó el proyecto de edificación de las nuevas salas y explicó que debido al incremento de casos de juicios orales y para dar cumplimiento a la reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal, existe la necesidad de construir más espacios físicos para brindar un mejor servicio. *** Estas obras requerirán de una inversión cercana a los ocho millones de pesos, que saldrán del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. *** En tanto se define su situación jurídica, el aún Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler hizo movimientos en las Fiscalías Regionales y nombró a un nuevo encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas desaparecidas. *** Como Fiscal de la zona centro-Xalapa fue designado Luis Eduardo Coronel, quien fue duramente criticado por su desempeño como Fiscal de Denuncias por Personas Desaparecidas. En la Fiscalía de Tantoyuca fue designado Jaime Cisneros Gómez, quien se desempeñaba como Fiscal Especializado en Delitos Electorales y de Delitos contra Periodistas. *** En la zona centro-Veracruz fue nombrado Julio Rodríguez Fernández, quien tenía el mismo cargo, pero en Córdoba. Para Coatzacoalcos fue designado Uriel Moreno Mendoza, quien fungía como Fiscal Regional en Tantoyuca. *** En Córdoba fue designado José Alfredo Gómez Reyes, quien ocupaba el mismo cargo en Xalapa. En Cosamaloapan fue nombrada Silveria Morales Solano, quien ocupaba la Fiscalía de Tuxpan, a donde fue enviada Deysi del Carmen García Solano, que antes se desempeñaba como Fiscal de Distrito en Córdoba. Para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas fue designado Hugo Alberto Martínez Saldaña. *** No hay que pasar por alto que Uriel Mendoza, enviado a Coatzacoalcos, es esposo de Clarissa Tapia, Fiscal en Córdoba que fue señalada en un amplio reportaje publicado por la revista Proceso por sus presuntos vínculos con grupos delictivos. Ella y su esposo son compadres de Isabel Hernández, quien también ocupó el cargo de Fiscal Regional. *** Uriel Mendoza fue también quien dejó en libertad a Teresa Prieto Guillén, alias “La Güera”, aquella mujer señalada de formar parte de la delincuencia organizada y que mantenía contacto cn el entonces secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié. *** En síntesis, sólo fueron cambiados de adscripción, pero sigue la misma porquería.
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