Mientras más revisa la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el manejo de los recursos federales por parte del gobierno de Veracruz en el ejercicio fiscal 2017 (el primer año de Miguel Ángel Yunes Linares) más irregularidades encuentra.
En la revisión de la Cuenta Pública 2017, cuyos resultados la ASF dividió en tres entregas, se muestra que la administración de Yunes Linares dejó inconsistencias por al menos mil 106 millones de pesos, de los cuales aún no puede comprobar el destino de 927.2 millones de pesos.
En su primera entrega, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que el gobierno de Veracruz habría incurrido en un probable daño al erario por 527 millones de pesos. Para la segunda parte, el daño fue por 301.4 millones de pesos, y en el último reporte se sumó un presunto daño por 267 millones de pesos.
Además de todo ello, ese año Veracruz volvió a ubicarse como una de las entidades federativas con mayores problemas por su deuda pública.
Según la ASF, en 2017, la deuda pública de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos ascendió a 580 mil 644.7 millones de pesos, lo que significó una disminución de 3.8% real en relación con 2016.
En opinión de este organismo fiscalizador, la nueva Ley de Disciplina Financiera contribuyó a la disminución gradual de la deuda pública.
La ASF identificó dos grupos de entidades federativas con riesgo de afectar la sostenibilidad de las finanzas locales en el largo plazo, debido a (1) monto elevado de la deuda pública y (2) mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras.
En el primer grupo destacaron siete entidades (Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Sonora), que concentraron el 61.8% del saldo total de la deuda pública en 2017.
Destino incierto de los fondos federales enviados a Veracruz, y condiciones de alto riesgo en el manejo de la deuda pública, fueron los sellos más sensibles en el manejo del presupuesto durante el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Pero eso no es todo. Lo peor aparecerá en la revisión de la Cuenta Pública 2018, cuando se acentuó el desvío de recursos para financiar la fallida campaña de su vástago.
Pronto lo veremos.
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Epílogo.
El Poder Judicial federal sigue postergando una decisión que es fundamental para el futuro de Veracruz: la audiencia constitucional para definir, una vez por todas, si se le concede o se le niega a Jorge Winckler el amparo contra la reforma a la Constitución de Veracruz, en la que se les confirma a los legisladores la atribución de remover al titular de la Fiscalía General del Estado. *** “De autos se advierte que mediante proveído de 15 de enero del año en curso, se tuvo por recibido un oficio a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informó que fueron admitidos los recursos de queja formulados por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, contra el proveído de 18 de diciembre de 2018, sin que a la fecha se haya dictado la resolución correspondiente. En consecuencia, tomando en consideración que la resolución que recaiga a los citados recursos de queja puede influir en el sentido de la sentencia que se dicte en el presente juicio, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las 10 horas con 23 minutos del 13 de marzo de 2019”. *** Debe ser una tarea titánica, la encomendada al delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta, la de justificar decisiones tan irracionales como la virtual desaparición de las Estancias Infantiles. A tal grado ha llegado su incapacidad para explicar tan desatinada decisión, que cada que opina sobre ello dice una barbaridad aún mayor que la anterior (como sugerir que con los recursos que entregarán a las familias, éstas podrán contratar a “Yalitzias”, como la actriz oaxaqueña Yalitzia Aparicio, que interpreta a una empleada doméstica en la laureada película Roma). Ni modo, ese es el precio por representar al Presidente.
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