Punto de vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
 

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El aporte de la Fuerza Civil
2019-03-26

Prefacio.


De diciembre del 2018 a la fecha (período que lleva al frente del gobierno de Veracruz Cuitláhuac García) no se ha suscitado un solo caso, pero el estado sigue destacando a nivel nacional como uno de los lugares de mayor riesgo para el ejercicio periodístico. *** Esto se dio a conocer en la Ciudad de México, durante la presentación del mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas. *** El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas admitió que es necesario reforzar la herramienta, pues a está enfocada únicamente a reaccionar cuando la agresión o amenaza ha sido perpetrada en agravio de los comunicadores o defensores de los derechos humanos. *** Durante el informe que presentó ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas dio a conocer que en la actualidad el mecanismo de protección se otorga a 790 personas, 498 de las cuales son defensoras de los derechos humanos y 292 periodistas. *** Las víctimas se concentran particularmente en la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Chiahuahua y Quintana Roo. *** En los últimos cuatro meses han sido asesinados siete periodistas. El primero de diciembre del 2018, Jesús Alejandro Márquez Jiménez (Nayarit); el 6 de diciembre, Diego García Corona (Estado de México); el 21 de enero de este año, Rafael Murúa Manríquez (Baja California Sur); el 10 de febrero, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez (Tabasco); el 16 de febrero, Reynaldo López (Sonora); el 15 de marzo, Santiago Barroso Alfaro (Sonora), y el 24 de marzo, Omar Iván Camacho (Sinaloa).


* * *


Elementos de la Fuerza Civil del Estado se sumaron a las tareas para sofocar un incendio en el tramo carretero El Pando-Tecamalucan, en el municipio de Soledad Atzompa.


Los hechos se suscitaron el pasado domingo, cuando habitantes de la zona solicitaron el auxilio a los efectivos, quienes se trasladaron al lugar para combatir el fuego, que se extendió por alrededor de tres hectáreas.


Tras un intenso trabajo, en el que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Dirección Municipal de Protección Civil (PC), junto con vecinos y voluntarios, se logró sofocar el incendio en su totalidad.


La noticia pasó desapercibida. En Xalapa, sólo el portal Formato Siete le dio una posición destacada.


Llama la atención, por supuesto, por la participación de un sector fundamental de la Secretaría de Seguridad Pública.


Pocos saben que la Fuerza Civil de Veracruz, esa corporación que ha hecho frente a bandas del crimen organizado y ha menguado el poder combativo de –por ejemplo- el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene, además, a un grupo especializado en tareas de rescate en casos de desastres o contingencias producidas por un fenómeno natural, la División Tajín.


Es algo equivalente al Plan DN-III y al Plan Marina.


Para tal efecto, 250 elementos fueron capacitados en tareas específicas, como rescate de alta montaña, salvamento en zonas inundadas, extracción de civiles con técnica de rappel y mediante operaciones aéreas; atención paramédica de emergencia, establecimiento de albergues y centros de atención a víctimas de desastre, cocinas móviles, servicio médico de campaña y logística de apoyo para el suministro de víveres y ropa.


Y aunque no se trata de una fuerza destinada al enfrentamiento directo contra la delincuencia, tienen entrenamiento para la intervención en zonas urbanas, el diseño operaciones policiales y el patrullaje en zonas serranas y selváticas.


Poco, muy poco se sabe de la importantísima labor de estos elementos, formados en la Academia de Policía, todos acreditados en los exámenes de confiabilidad, con formación académica en materia del nueso sistema penal acusatorio y, especialmente, en el respeto de los derechos humanos.


Muchos de ellos surgieron de las filas del Ejército y de la Marina, pero otros tienen la carrera policial y cumplen con los más altos estándares en su desempeño.


La Fuerza Civil es hoy una corporación que da la cara por los veracruzanos y lucha todos los días por llevar tranquilidad a la población.


De pronto hace falta que lo reconozcamos.


* * *


Epílogo.


El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz firmó este lunes un convenio de colaboración con las ocho delegaciones que tiene en la entidad la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Al evento asistió como testigo de honor, el presidente de esa organización empresarial, Enoch Castellanos Ferez. *** Los empresarios de Veracruz dicen haber vivido en carne propia los más atroces atropellos por actos ilícitos cometidos al amparo de la impunidad y la corrupción, por lo que reconocieron la iniciativa y empuje para combatir ese flagelo por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Bien. *** El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar anunció que presentará diversas denuncias en contra de la pasada administración estatal por la falta de aplicación de recursos federales a 50 escuelas que presentaron daño estructural durante los sismos de 2017. “Yo reporté 57 escuelas con daño estructural y del cual son casi 50 las que continúan en malas condiciones”, dijo. *** El 22 de septiembre del 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, informó que iniciaba la reconstrucción de escuelas que resultaron dañadas por los sismos. Dijo en esa ocasión que al menos 202 escuelas de 71 municipios presentaron afectaciones y 103 escuelas estaban en proceso de revisión en otros 47 municipios. Para dictaminar los daños, dijo, se utilizaron 200 técnicos especializados y se preveía una inversión de 100 millones de pesos. Hoy sabemos que en este tema, como en muchos más, estaba mintiendo. *** Salvador Sánchez, Tomás Ruiz, Fernando Charleston, Antonio Gómez Pelegrín y Clementina Guerrero son todos exsecretarios de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, que fueron denunciados por el Instituto de Pensiones del estado (IPE) por el mal manejo de los fondos de la Reserva Técnica de ese organismo de los trabajadores del Estado. Si se llega al fondo, muchos más van a resultar raspados.


filivargas@gmail.com

 
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