El viernes comenté sobre la alerta que había lanzado el titular de la Sefiplan a través de su cuenta de Twitter.
Pidió entonces a los proveedores que en caso de ser víctimas de un fraude lo denunciaran a dos extensiones, que proporcionó, del número telefónico del conmutador de la dependencia. “Todos los trámites son directos y gratuitos”, hizo saber.
Pregunté si había lanzado el aviso de alerta nada más porque se le había ocurrido.
Narré que días antes, en un desayuno privado, había escuchado a dos personas decir que siguen funcionando los cobros de moches, de porcentajes de 10, 20 y hasta 40 por ciento, por adelantado, lo mismo para que paguen adeudos que para que otorguen contratos, y que el asunto salpicaba a diputados locales (hombres y mujeres) de Morena.
La maniobra sería, de acuerdo a lo que escuché: funcionarios solicitan 20 por ciento de moche y los diputados le agregan 10 más para ellos como cobro por su “gestión”. Deslicé, entonces, varias interrogantes:
¿Qué sabe o qué supo (Lima Franco)? ¿Qué oyó o qué escuchó? ¿Algún presunto afectado lo puso sobreaviso? ¿Esos “gestores” o “intermediarios” son de adentro o de fuera? ¿Si son de adentro quién o quiénes son? ¿Si no hizo públicos nombres, se los dio a conocer al gobernador? ¿Informó acaso ya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, su mentor, para protegerse ante cualquier señalamiento? ¿Acaso dio cuenta de la información que posee al hermano del presidente López Obrador, con quien también se protege, para que le informe a AMLO lo que está pasando?
El sábado, durante su visita a Tantoyuca, hubo un detalle del presidente Andrés Manuel López Obrador que me llamó la atención.
Pudo haber sido un hecho totalmente casual lo que dijo, sin ninguna intención, pero también permite caer en el terreno de la especulación y tomarse como un posible mensaje que quiso dejar para que lo entendiera quien lo tenía que entender.
Al hablar sobre los caminos de la Huasteca veracruzana, comentó ante la concurrencia que había platicado con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la posibilidad de que se construyan con concreto, no con asfalto, y con revolvedora no con “maquinaria”, para que se le dé mucho trabajo a la gente y el dinero se quede en las comunidades, como ya está ocurriendo en Oaxaca.
“Le comentaba yo a Cuitláhuac que analice esa posibilidad, porque ya el sistema ese de que: a ver, vamos a hacer un camino, vamos a pavimentar un camino, se contrata a una empresa que entrega un moche a la autoridad para que le dé el contrato y por lo mismo hace un mal trabajo, nada más una capita de asfalto, pintan nada más los caminos, vienen las lluvias y vuelve el camino a ser de terracería, eso ya no”.
Exclamó entonces: “¡Cuántos políticos se convirtieron en contratistas! Eso ya se acaba. No quiero aquí calentarme mucho porque ya me tienen hasta el copete”. ¡Uf!
¿Tocó el tema de los moches por pura casualidad, nada más porque se le ocurrió?, o, ¿en efecto le llegó alguna queja, a través de su hermano, del secretario de Finanzas Lima Franco?
El viernes comenté que los proveedores reclaman un adeudo superior a los 3 mil 500 millones de pesos aunque algunos hablan hasta de más de 5 mil millones. Dije que suponiendo que son 3 mil 500 millones, un moche o comisión de 20 por ciento dejaría libres de polvo y de paja 700 millones de pesos.
Ante el rumbo que tomaron las cosas parece habérsele caído un cuantioso negocio, multimillonario, a “gestores” e “intermediarios”, hombres y mujeres, funcionarios de la propia administración estatal y diputados locales de Morena, que los proveedores saben bien quiénes son y cuyos nombres y apellidos es posible que se los hayan hecho saber al secretario de Finanzas y este, a su vez, se los haya transmitido al gobernador.
El cobro de moches es un viejo vicio practicado por administraciones priistas (los institucionalizaron) y panistas (los hicieron suyos) y constituyen un acto de corrupción que el gobierno de López Obrador dice combatir a fondo.
El hecho de que se haya emitido un boletín de prensa sobre el tema un día después de que AMLO dijo que lo tiene “hasta el copete” pudo ser una reacción deliberada para librar a la administración estatal de toda sospecha de que participa o consiente un acto de corrupción y para desmarcarse de quienes “pretenden aprovecharse de la situación”.
Al terminar mi comentario sobre el tema el viernes pasado, apunté: “queda claro, hay que ser justos, que al menos el secretario de Finanzas, Lima Franco, es un funcionario honesto. Pero no va a poder contra la nueva mafia del poder. Al menos hay que reconocerlo”.
Por lo pronto, parece que ganó el primer round a la nueva mafia del poder, pero seguramente se echó una bola de alacranes de cuello blanco encima.
Funcionarios como él prestigian a la administración de Cuitláhuac y ayudan a creer y tener confianza en el gobierno estatal de Morena, aunque, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Su ejemplo tiene que multiplicarse adentro de la administración pero no se ve mucha tela de dónde cortar.
Siempre, en todo gobierno, los intereses en pugna son muy fuertes y tratan de influir en el gobernante en turno. Tiene que reconocerse también que el gobernador resista, aguante, escuche y apoye a colaboradores honestos que tratan de hacer bien las cosas. Es el caso del que me ocupo.
A Cuitláhuac tiene que reconocérsele que vaya a cumplir su palabra y que se disponga a pagar, así sea en abonos, a los proveedores por una deuda no suya pero sí institucional que heredó. Si cumple, marcará la gran diferencia con su inmediato antecesor Miguel Ángel Yunes Linares, quien prometió que lo haría, previa revisión de documentos, pero no cumplió y hasta amenazó con penalizar a algunos.
Si paga y cuida que no extorsionen con moches a los proveedores estará dando uno de los pasos más decisivos de su administración del que sin duda saldrá fortalecido. |
