Marzo, con 103 crímenes de alto impacto –entre acribillados, decapitados y desmembrados, como saldo de la pugna de los seis grupos delincuenciales que se disputan las regiones del territorio veracruzano principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación–, fue el más violento de los cuatro meses que lleva la administración del gobernador Cuitláhuac García, en la que ya no se ocultan ni maquillan los índices criminales como solía hacerse todavía hasta noviembre del año anterior.

La situación es sumamente grave, por lo que resulta preocupante la desinformación y descoordinación que existe entre las propias autoridades, como acaba de quedar evidenciado con la detención, el martes antepasado, del jefe de plaza y cuatro miembros del llamado “Cártel del Siglo”, implicados en el caso de dos cadáveres decapitados que fueron arrojados el 3 de marzo sobre la autopista Xalapa-Coatepec, y en una balacera ocurrida 23 días después en la misma ciudad cafetalera, donde fueron capturados en flagrancia por elementos de la Policía Ministerial Delegación Xalapa, en coordinación con la Policía Naval de la Secretaría de Marina.

En este operativo, la corporación policiaca de la Fiscalía General del Estado (FGE) no contó con el apoyo de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Las discrepancias entre el Gobierno del Estado y la FGE son tan absurdas que ni siquiera se ponen de acuerdo en la identidad de este nuevo grupo delincuencial, pues mientras en un comunicado oficial la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler confirma su existencia, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, la niega tal como lo hizo el gobernador Cuitláhuac García hace un mes cuando el llamado “Cártel del Siglo” anunció su presencia en esta región con un siniestro mensaje al lado de los dos cadáveres decapitados. 

Pero no es la primera vez que el mandatario estatal y sus colaboradores magnifican sus diferencias principalmente con el abogado yunista, a quien todavía no logran sacar de la FGE. Sin embargo, lo más grave aún es que a veces ni siquiera entre ellos han podido ponerse de acuerdo. 

Ahí está el caso, por ejemplo, de la familia del señor Abraham Rosado Zárate, de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Actopan, detenidos el 31 de diciembre por la Fuerza Civil. En un boletín oficial contradictorio, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que no se toleraría ninguna violación, arbitrariedad o abuso de autoridad contra ninguna persona, para enseguida tratar de justificar el abuso de sus elementos contra estos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano.

Según Gutiérrez Maldonado, “los oficiales sometieron a los agresores” y les “aseguraron armas de fuego largas y cortas”, 178 cargadores útiles y un cargador desabastecido, los que nunca mostró. Su versión se vino abajo gracias a que un miembro de la familia, menor de edad, logró filmar con la cámara de su teléfono celular el momento en que los policías entraron a la casa en la que estaban y difundió las imágenes antes de que fueran detenidos y se lo quitaran.

Pero este asunto se enredó todavía más porque el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, difundió la versión de que los actopeños con nacionalidad norteamericana fueron detenidos porque “tenían fusiles de asalto” y “más de 500 cartuchos y pistolas del uso exclusivo del Ejército”, mientras que el gobernador Cuitláhuac García aclaró que sí se encontraron armas ¡pero para cazar venados!, ya que uno de los agredidos practicaba la cacería. 

CAMBIO EN EL COBAEV

A escasos dos meses de haber sido denunciado penalmente por diversos presuntos delitos –incluido el de acoso sexual en contra de una empleada del Colegio de Bachilleres de Veracruz–, este lunes 1° de abril fue destituido Ocelotl González Sosa como director Administrativo del COBAEV; en su lugar fue designado Alejandro de la Cruz Garnica Hernández, ex tesorero del CDE del PRI y ex secretario del último Ayuntamiento priista de Orizaba. 

Cruz Garnica –muy allegado a Ulises Rodríguez Landa, director Administrativo de la Secretaría de  Seguridad Pública del estado– sería, para variar, otra posición más del poderoso subsecretario Eleazar Guerrero Pérez, otro ex priista que actualmente se desempeña como subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan y que por su parentesco es considerado el “primo incómodo” del gobernador Cuitláhuac García.