Sin lugar a dudas, uno de los temas más controversiales que ha girado en torno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que tiene que ver con la seguridad laboral, así como el reempoderamiento de algunos líderes sindicales que representan las peores prácticas de ese sistema.

El sexenio lopezobradorista comenzó con lo que en los hechos fue una persecución de los burócratas federales. Tan solo durante el mes de enero, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron dados de baja 10 mil 585 puestos de trabajo de funcionarios de la administración pública federal. Un aumento de 175 por ciento respecto de los despidos en el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta tendencia se replicó en gobiernos estatales como el de Veracruz. Y al igual que en las dependencias del gobierno federal, el trato que se le dio a los trabajadores, algunos con más de 20 años laborando en sus dependencias, fue el de apestados, “cómplices” de la corrupción que no se “merecían” siquiera la liquidación a la que por ley tienen derecho, y a quienes obligaban a firmar “renuncias voluntarias” incurriendo las nuevas administraciones en violaciones flagrantes a la normativa laboral. 

Todo ello, en aras de generar ahorros para destinar recursos a los programas clientelares oficiales en los que basa su “política social” el régimen de la llamada “cuarta transformación”, que en lugar de generar riqueza y con ello empleos, ha optado por el reparto de dádivas como parte de su estrategia “popular”.

La más reciente estocada a los trabajadores federales vendría a través de una circular -firmada por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, y cuyo contenido fue difundido este martes 30 de abril- en la cual se establece que “por instrucciones del Señor Presidente de la República, toda aquella persona contratada a partir del primero de diciembre de 2018, en alguna plaza permanente, eventual o por honorarios, deberá ser separada de su cargo”.

Esta disposición aplicaría para los trabajadores de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como sus delegaciones y oficinas de representación. Hasta el momento de escribir estas líneas, dicha información no había sido desmentida por el gobierno.

Asimismo, la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión esta misma semana establece, entre otras cosas, que los trabajadores del estado elijan a sus dirigentes gremiales mediante voto libre, directo y secreto, y que además tengan la libertad de formar sus propios sindicatos a partir de 20 afiliados, lo cual, a pesar de que suena bien en el papel, tendrá un efecto atomizador de las centrales de burócratas, dividiéndolas, restándoles fuerza y propiciando el surgimiento de asociaciones controladas por el propio Estado para neutralizar cualquier movimiento de disidencia.

Pero si la situación laboral de los empleados gubernamentales es de indefensión, la de los integrantes de las centrales sindicales obreras y magisteriales no es mejor. El encumbramiento y reivindicación como nuevas “estrellas de la cuarta transformación” de caciques sindicales asociados a prácticas de corrupción como el líder minero y senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia y, particularmente, la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, habla por sí mismo.

El nuevo charrismo está en boga en la 4T. 

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