Si este es uno de varios castigos para Lozoya Austin, debieron dejarlo de postre, es decir, al final de una condena en la que terminaría la vida en la cárcel, y todavía le faltarían años. Pero, al colocar este castigo como aviso para que se fugue o como advertencia para que se ampare, resulta por demás ingenuo y poco serio.
Esta sanción hace perder la congruencia al gobierno federal ante la determinación de erradicar la corrupción, porque cuando hay una penalidad leve para cualquier delito se está convocando a seguir adelante en los ilícitos, dentro y fuera de la administración pública. Aunque también es ejemplo a seguir de otros funcionarios públicos que pueden pensar que si Lozoya robó tanto ellos pueden robar menos y estar inhabilitado es lo de menos.
Anunciar una sanción administrativa antes de dar a conocer el resultado de investigaciones penales, acusa miedo. Si hay una carpeta de la Fiscalía General de la República, acerca de los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht en México. Tres de sus ex directivos declararon ante la justicia de Brasil que entregaron 10.5 millones de dólares Lozoya primero, mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, y luego, al frente de Pemex.
Para transformar escuchando a la población debe atenderse su sentir, y si buena parte de los votos en favor de Morena se debieron al hartazgo de la corrupción, esa corrupción debe ser castigada. Porque inhabilitar a un priista para que no trabaje en la administración pública es simplemente una caricia comparada con la pena que en realidad le corresponde. Nadie, en su sano juicio, podría invitar a colaborar en el gobierno presente o del futuro, a Lozoya. Él tampoco tiene necesidad de trabajar para vivir, lo que se adjudicó en sobornos y otros desvíos le hacen despreciar cualquier oferta de trabajo.
Luego de una campaña llena de anuncios contra la corrupción, un castigo leve a los corruptos desencanta a la población que quiere ver en la cárcel a más de uno de los funcionarios públicos del pasado, sin importar su nivel político ni el grado de oportunidad. Desde el presidente de la República hasta un Ministerio Público que le sea comprobado un acto ilícito debería ser castigado de manera ejemplar.
Debieron, incluso, endurecer las leyes que castiguen la corrupción y luego actuar en consecuencia, pero la corrupción ahora pareciera un delito menos, luego de que dejaron las arcas del país vacías.
Es por ello que la gente quiere que se encarcele a los corruptos porque ese fue el trato con la actual administración. En un pacto que debió advertirse, incluso adivinarse, desde el inicio de la campaña de López Obrador en busca del voto.
El castigo a un corrupto del viejo régimen se convierte en una especie de sanción para niños. Ni siquiera hubo amonestación verbal, ni mucho menos una multa, porque a uno de sus colaboradores se le impuso una inhabilitación de 15 años y un pago de 620 millones de pesos.
La población exige un castigo ejemplar, pero también que regresen lo que se robaron, hasta el último peso; sin embargo, pareciera que el gran premio de un ladrón es quedarse con el botín completo.
Hay más nombres de corruptos, no sólo en Pemex, en toda la administración pública. Si la sanción es la exhibición de las personas, que dé a conocer las listas en todas las actividades donde se utilizó el dinero de los mexicanos en beneficio propio; sin embargo, nadie da nombres como si se les protegiera, como si hubiera una oscura complicidad con quienes debieron castigar.
A pesar de la tibieza de la sanción, la Secretaría de la Función Pública ofrece una amplia explicación a la opinión pública como si tuviera la obligación de justiciar acciones producto de investigaciones comprobadas. La SFP señaló que la inhabilitación por 10 años al exdirector de Pemex fue resultado de un “cuidadoso procedimiento” de responsabilidades administrativas, en donde, entre otras cosas, se detectó que este servidor proporcionó información falsa en la declaración de su situación patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
Sin embargo, en un acto de cinismo, Emilio Lozoya Austin anunció que impugnará ante el Tribunal Administrativo la resolución de la Secretaría de la Función Pública de inhabilitarlo por 10 años como servidor público.
Es urgente que haya castigo para los corruptos, con sanciones que no les vuelvan a quedar ganas de cometer otro delito en el futuro. Es tiempo de dar nombres y de actuar penalmente. La gente espera, pero la paciencia tiene límites. PEGA Y CORRE.- Los cambios caminan, aunque no tan rápido como uno quisiera. Ahora, fue liberado el indígena Juan Pérez Álvarez, que se encontraba en huelga de hambre en el penal de Comitán, después de permanecer 16 años en prisión sin haber cometido un solo delito. Es integrante de la organización Viniketik en resistencia... Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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