La lógica de llamar a una consulta de este tipo precisamente para ese año tiene su fundamento en el comportamiento electoral de la base simpatizante del lopezobradorismo observado desde 2006: aun cuando los resultados finales oficiales no favorecieron en dos ocasiones al político tabasqueño, su carisma y popularidad “remolcó” a los candidatos de los partidos que lo apoyaron en sus tres intentos por llegar a la Presidencia: el PRD, Movimiento Ciudadano y PT en 2006 y 2012; Morena en 2018.
Sin el impulso del candidato presidencial López Obrador, la gran mayoría de los que han sido y hoy son legisladores, alcaldes o gobernadores, ni en sus más remotos y opiáceos sueños habrían imaginado alcanzar esas posiciones de poder. Y eso mismo se trata de lograr en 2021.
Por eso la negativa de los partidos de oposición a aceptar que se consulte la revocación de mandato el mismo día de la elección de diputados federales, ya que a diferencia de las tres anteriores ocasiones, esta vez supondría una total inequidad, pues López Obrador haría “campaña” con todo el poder de la Presidencia de la República. Sería una auténtica elección de Estado, de las que tanto se quejó ser víctima la “izquierda” hoy gobernante.
A manera de “concesión”, y sobre todo porque estará a discusión todo un paquete de reformas político-electorales en el Congreso de la Unión -para cuya aprobación necesitan también a la oposición-, fue que el mandatario ofreció adelantar su “revocación”. Mañosamente, porque el efecto en beneficio de sus candidatos afines, que por esas fechas estarían por iniciar sus propias campañas, sería el mismo. Si no es que hasta mayor, pues un “triunfo” anticipado del presidente influiría definitivamente en los resultados posteriores.
¿Por qué no llamar a la consulta después de los comicios intermedios, como planteó la oposición para evitar la inequidad? Para “no gastar más”, justificó López Obrador. En realidad, porque ya no le serviría para su principal objetivo, que es lograr el control absoluto de la Cámara de Diputados, desapareciendo a la oposición partidista.
Una vez lograda esa meta, ¿quién podría detenerlos para reformar la Constitución en el sentido que se les pegue la gana? Si ya hasta quieren desaparecer las instituciones electorales, el INE incluido. Y si el “pueblo” se lo pide…
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