Aunque evadió dar nombres y apellidos de los miembros de una “familia política” de Pánuco a los que vinculó con el Grupo Sombra, una célula criminal que opera en los límites de Veracruz y Tamaulipas, el gobernador Cuitláhuac García estaría obligado a actuar luego de haber hecho este serio señalamiento, pues de lo contrario incurriría en incumplimiento de un deber legal.

Lo más grave de este problema es que como él mismo también lo señaló, pareciera que “a propósito” la Fiscalía General del Estado –que es un órgano constitucionalmente autónomo, razón por la que ni el Jefe del Ejecutivo ni los diputados locales de MORENA han podido destituir todavía a su titular, el abogado yunista Jorge Winckler– “integra mal las carpetas” porque según García Jiménez el fiscal está ligado al mismo grupo político vinculado con la susodicha organización delictiva.

“No voy a dar nombres, pero el fiscal lo sabe y por eso arma estas carpetas endebles y los libera”, declaró García Jiménez, quien además expresó que sospechosamente Winckler Ortiz tampoco ha solicitado aún orden de aprehensión en contra de Jesús Tomás Alvarado Chávez, (a) El Lagarto, principal implicado en la masacre de 13 personas en Minatitlán ocurrida a mediados de abril pasado. Y es que este presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Veracruz, fue detenido por fuerzas policiacas federales y estatales hace un par de meses en Campeche pero por otros delitos ajenos al multihomicidio.

Como se abstuvo de identificar a la “familia política” de Pánuco, los reporteros que lo entrevistaron este lunes durante la puesta en marcha del operativo vacacional de verano le preguntaron al mandatario veracruzano si se refería a los García Escalante, a los que paradójicamente el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, jefe político del fiscal Winckler, vinculó también con la delincuencia organizada durante un acto de su campaña en el norte de Veracruz, pero con los cuales el panista terminó aliándose al inicio de su mandato.

Y es que en mayo de 2016, casi dos meses antes de la elección, Yunes Linares arremetió en contra de Ricardo García Guzmán, a la sazón titular de la Contraloría General del Estado, y de sus hijos, criticándolos por sus complicidades con el todavía gobernador en funciones, Javier Duarte, e imputándoles vínculos con el crimen organizado: “No se conforman, quieren también tener diputado, papá ‘tapadera’ el contralor, presidente municipal, hermano, robándose el dinero de los panuquenses y aliado de la delincuencia, hoy quiere a un diputado local para que lo siga tapando.” 

Inclusive todavía se atrevió a advertirles: “¡Se les acabó la fiesta señores Guzmán, van a perder porque ya no los queremos aquí!”.

Pero ahora, según Cuitláhuac, el fiscal que le heredó Yunes Linares resultó ser también “tapadera” de esa familia política presuntamente vinculada al Grupo Sombra. 

Y casualmente, uno de sus miembros, el diputado local Rodrigo García Escalante –quien inicialmente llegó al Congreso del estado en 2016 por la alianza PRI-PVEM y luego se reeligió en 2018 abanderado por la coalición PAN-PRD-MC–, fue de los que se opusieron en febrero pasado a someter a juicio político al fiscal yunista. Inclusive, para impedir la destitución de Winckler, habría operado para cooptar a legisladores de otros partidos y hasta de MORENA.   

Su hermano, el ex alcalde Ricardo García Escalante, quien actualmente es diputado federal del PAN, fue exhibido en febrero de 2017 mediante la grabación de una conversación telefónica que sostuvo con su padre, el ex contralor Ricardo García Guzmán, la cual fue filtrada a los medios de comunicación. En dicho audio ambos se refieren a Juan Carlos Zamarripa Fernández, uno de los presuntos operadores políticos del Cártel del Golfo. Zamarripa, quien era regidor quinto en la Comuna presidida por García Escalante, sería acribillado a finales de mayo de ese año junto con el médico Miguel Ángel Serrano Castro, presidente de la Asociación Ganadera de la colonia Piloto. El atentado, curiosamente, ocurrió a menos de un kilómetro de un retén permanente de la SEDENA.

En esa misma conversación entre García Guzmán y su primogénito, el todavía munícipe, se mencionaba también a Ciro Nieto Zamora, regidor del PVEM, un cañero que presuntamente estaría ligado a Los Zetas, el grupo delictivo contrario al Cártel del Golfo. Ciro es hermano de la dirigente de la Confederación Nacional de Productores de Caña, Adriana Nieto Zamora, quien asumió dicho liderazgo tras el asesinato de Teódulo Gea, quien en 2013 encabezaba las encuestas para la alcaldía de Pánuco por encima de García Escalante.

Yunes, sin embargo, no hizo mucho por contener a los grupos criminales en esa zona de la Huasteca veracruzana, pese a que en septiembre de hace tres años, ya declarado oficialmente ganador de la elección, durante el último foro público del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 lanzó la siguiente advertencia: “Le digo a la delincuencia desde Pánuco: se van a encontrar a un gobernador que tiene los pantalones bien puestos y la mano muy firme para combatirlos, de correr todos los riesgos. ¡Ya basta de complacencias con los delincuentes, porque ya basta de desaparecidos!”. 

“¡Ya basta de homicidios, ya basta de extorsión, ya basta de pago de derecho de piso y ya basta de que nuestro estado se encuentre en manos de la delincuencia organizada, permitido sin duda alguna por los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

“¿Nos toca acostumbrarnos a que toda la vida vivamos con miedo? ¿Nos tendremos que acostumbrar a vivir en la inseguridad? ¿Nos tenemos que acostumbrar a vivir en el terror? ¡La respuesta es no!

Pero ahora, su sucesor Cuitláhuac García, está acusando a Jorge Winckler, el fiscal “carnal” que le heredó, de estar coludido con esa misma familia política vinculada presuntamente al temible Grupo Sombra.  

Ante esta presunción de una posible connivencia con la delincuencia organizada… ¿no debería el gobernador recurrir a la Fiscalía General de la República? Es pregunta.