Hace tres semanas, México Evalúa, un organismo no gubernamental asociado al Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), presentó el estudio denominado “Fallas de origen 2019: Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal”, que mide a nivel estatal qué tan fidedignas son las cifras de homicidios dolosos.

Dicha investigación –tal como lo publicamos entonces aquí– identificó subreportes sistemáticos en los datos que las procuradurías o fiscalías estatales reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Fiscalía General de Veracruz era una de las señaladas de estar registrando los homicidios dolosos como culposos, ya sea por errores al momento de la clasificación o con la intención de disminuir el impacto de la incidencia criminal.

La referencia se hace porque casualmente ahora el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CNI- SESNSP)  ordenó una auditoría de los 194 mil 479 expedientes iniciados en la Ciudad de México en 2018, cuando el actual senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, aún era el Jefe de Gobierno.

Este análisis, en el que participaron especialistas de la ONU como observadores, determinó que la administración capitalina de Mancera “maquilló” 24 mil carpetas de investigación de alto impacto sólo el año pasado.

Por esta manipulación de datos, la Procuraduría capitalina abrió una investigación y el SESNSP estaría por interponer la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República por ejercicio indebido del servicio público, por lo que podría fincársele responsabilidades hasta al ex procurador Edmundo Garrido, del cual dependía directamente César Martínez Jasso, quien durante el periodo examinado estaba a cargo de la Dirección General de Política y Estadística.

Y es que como ya lo habíamos comentado también aquí, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula en su Artículo 139 que “se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien: I. Ingrese dolosamente al Sistema Nacional de Información, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las Bases de Datos o los equipos o sistemas que las contengan…”

Si la Procuraduría de la Ciudad de México, sólo durante 2018, “maquilló” 24 mil carpetas de investigación de alto impacto, ¿cuántas habrán sido alteradas por la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler en los dos años del gobierno de su jefe político Miguel Ángel Yunes Linares, si de acuerdo con el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal dado a conocer en el estudio de México Evalúa- CIDAC, las entidades con menor nivel de confiabilidad, en una escala de cero a 10, destacaban el Estado de México, con 2.5; Hidalgo (5.4); Michoacán (5.6); Oaxaca (6.1); Baja California (6.3); Veracruz (6.4); Tabasco (6.4) y Puebla (6.5)?

México Evalúa expresaba su “sospecha” de que con esta reclasificación, “los homicidios culposos pueden fungir como un vehículo para ocultar homicidios dolosos que hacen lucir mal a las instituciones y gobiernos estatales.”

¿El Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública auditará también las miles de carpetas de investigación de alto impacto de la Fiscalía veracruzana que aún encabeza el abogado yunista?