Este jueves, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval (la misma que hace unas semanas promovía su imagen personal en las cuentas públicas de la dependencia federal, violando la ley) presentó la plataforma denominada “Ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción”, mecanismo a través del cual se busca “alertar actos graves de corrupción, en los que se encuentren involucradas personas servidoras públicas federales”.
En la página web creada a imagen y semejanza de aquella otra plataforma con fines similares –aunque no gubernamental- llamada “Méxicoleaks” –desde donde incluso se acusó a la Secretaría de la Función Pública de plagio en el diseño y hasta en el software utilizado-, se establece que podrán realizarse “alertas” que van desde actos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y abuso de funciones, hasta violaciones a derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual.
La SFP asegura que se puede confiar en la plataforma porque “garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador”, aunque al mismo tiempo advierte de “no enviar la alerta desde tu lugar de trabajo para que no pueda ser rastreada”.
Asimismo, plantea dos opciones para realizar la alerta de manera anónima: “Básica: utilizando su navegador, pero sin facilitar los datos de identificación y de contacto”; y “Avanzada: garantizando plenamente el anonimato de la comunicación en el entorno digital utilizando una red de anonimización” (sic).
La herramienta recomendada para su uso es ni más ni menos que la red TOR, tecnología usada en la llamada “darknet” o “deep web”, que no deja rastro y que es usualmente utilizada por “hackers”, redes de pederastia y pornografía infantil, narcotraficantes, grupos terroristas y todo aquel que busca esconder su actividad en la web. En la página de la SFP se indica cómo descargar e instalar el navegador Tor Browser desde: https://www.torproject.org/download/download-easy.html.es .
El alcance de esta herramienta “comprende a cualquier persona que conozca de un hecho grave de corrupción, violaciones a derechos humanos y acoso y hostigamiento sexual, en el que estén involucradas personas servidoras públicas federales”.
El principal problema de este programa es que no existe regulación alguna que le dé sustento legal. Existe una iniciativa en la Cámara de Senadores que adolece de serias deficiencias, mientras que el gobierno federal apenas trabaja en una propuesta propia, a pesar de lo cual, la herramienta ya está disponible y en funcionamiento.
Al no existir un mecanismo que establezca criterios para aceptar las filtraciones –que eso es a lo que están apostando- se deja a decisión discrecional del gobierno considerar como válidas o no las “pruebas” que sustenten lo que ahí se denuncie. ¿Utilizarán acaso el mismo rasero del infame movimiento #MeToo, de simplemente “creerle” a los denunciantes para linchar y procesar a los supuestos corruptos, sin posibilidad de defensa?
No deja de percibirse el hedor de un tufo autoritario en la medida. Similar al del macartismo estadounidense de los años 50 del siglo XX, cuando la población fue azuzada a participar en una “cacería de brujas” de supuestos comunistas; o al del estalinismo ruso de los 30 y 40, cuando los hijos que delataban a sus padres como “traidores” eran, a su vez, considerados unos héroes por el Estado.
“La delación es, junto a la politización de la existencia, la piedra angular de todo Estado totalitario; el nexo que establece una complicidad indeleble entre el ciudadano y el poder. En adelante, al delator no le queda otro remedio que fidelizar su lealtad al Estado”, se manifiesta en el artículo “Cuando Stalin consiguió que los hijos delatasen a sus padres”, publicado en el portal español La Gaceta en 2015.
Vueltas que da la vida. Esa frase y la de “la política de nuestro señor presidente es convertir a México es un país de soplones” nunca fueron tan acertadas como en tiempos de la “cuarta transformación”.
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