El multihomicidio del centro nocturno “Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, expuso no sólo al ridículo al presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García –quienes inculparon en un principio equivocadamente a la Fiscalía General del Estado de haber liberado al presunto autor material del atentado, Ricardo Romero Villegas, (a) “La Loca”, cuando en realidad fue el Ministerio Público federal el que hace tres semanas soltó al operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa plaza porteña–, sino que además ha evidenciado que las autoridades estatales y federales de Seguridad Pública no hacen un trabajo eficaz de inteligencia y ni siquiera disponen de información oportuna y certera para prever este tipo de barbarie.

Y es que aparte de otros bares y negocios que también habían sido incendiados desde hace un par de meses, dos días antes de este último atentado ocurrieron en Coatzacoalcos un par de eventos que debieron haber puesto alertas a las fuerzas de seguridad.

El pasado fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo sorpresivamente en Coatzacoalcos a Antonio “N”, (a) “El Jaguar”, operador principal y jefe de plaza del CJNG en Tres Valles, quien además trabajó en las policías municipales de Cuitláhuac, Tlacotalpan y Juan Rodríguez Clara.

El ex policía fue intervenido con un acompañante, Daniel “N”, mientras intentaba escapar de un punto de revisión instalado precisamente en la colonia Ejidal, considerada una de las zonas más peligrosas de Coatzacoalcos y de todo el estado.

“El Jaguar” cuenta con una serie de acusaciones por desaparición forzada y multihomicidios en la zona sur del estado, contra un abogado y dos jóvenes ingenieros agrónomos que estaban emparentados, uno de los cuales era hijo de un ex funcionario público.

El otro hecho fue la desaparición forzada de Josimer Ríos López y Agustín Javier Ronzón González, de 29 y 31 años de edad, respectivamente, quienes según el relato de un testigo de identidad protegida que aparece en la carpeta de investigación número FEADPD/ZS/F2°/047/2019, ambos jóvenes porteños, quienes habían ido a ver un juego de futbol nocturno este sábado 24 de agosto, fueron detenidos por elementos de la SSP que los bajaron de un vehículo tipo Chevy color gris, en la colonia Calzadas, y los subieron a bordo de la patrulla doble cabina con número 3225.

Jamás fueron puestos a disposición de autoridad alguna. Llevaban casi tres días desaparecidos, hasta que este martes –casualmente el día del atentado al bar “Caballo Blanco”– circuló un video en las redes sociales en el que aparecen hincados, maniatados y vendados de los ojos, y segundos después de ser interrogados por qué fueron detenidos y a qué se dedican, son decapitados por presuntos sicarios del CJNG, los cuales advierten que “esta plaza ya tiene dueño” y que eso les va a pasar a todos los “chapulines” que venden droga.

Ronzón era el dueño del “Caballo Blanco”, al menos desde hace seis años, cuando coincidentemente a finales de agosto de 2013 también fue privado de su libertad por tres hombres armados que con engaños lo sacaron de su bar.

Sólo que en esa ocasión corrió con mejor suerte. 

DELEGADO DE LA FGR, INÚTIL

Por cierto, aparte del presidente López Obrador, del gobernador Cuitláhuac García, del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado,  al que le llovió también duro y tupido en las redes sociales fue al delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Gonzalo Medina Palacios, pues no supo ni pudo –¿o de plano no quiso?– evitar o parar a tiempo el desaguisado por la equivocada imputación que gobernantes y funcionarios morenistas le hicieron inicialmente al fiscal general del estado Jorge Winckler por la liberación del presunto autor material del atentado, Ricardo Romero Villegas, (a) “La Loca”, cuando en realidad había sido un agente del Ministerio Público federal,  subordinado de Medina Palacios, el que a principios de este mes había soltado al operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Coatzacoalcos. 

Medina Palacios, como se recordará, fue en los primeros tres meses de esta administración titular del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, dependiente de la SEGOB, por lo que muchos le atribuyen a Cisneros Burgos haberlo recomendado para la Delegación de la FGR en Veracruz.