Aunque aparentemente la versión sonaba inverosímil, todavía unas horas antes de que la Fiscalía General de la República imputara a Rosario Robles por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos de la llamada “Estafa Maestra”, el nombre de Miguel Ángel Vega García, quien el sexenio anterior fue titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SEDESOL y SEDATU con Robles Berlanga, comenzó a deslizarse como uno de los más firmes candidatos de Palacio de Gobierno para sustituir a Lorenzo Antonio Portilla como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado.

Ello parecía explicar la sorpresiva incorporación de Vega García como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública en la Contraloría General de Estado (CGE) a principios de febrero de este año, en sustitución del maestro Nicolás Lorenzo Hernández, quien sólo permaneció poco más de dos meses en ese cargo.

Y es que resultaba muy difícil de entender que alguien del nivel de Vega, ex titular del OIC de dos secretarías de Estado, hubiera aceptado un puesto administrativo menor en una dependencia estatal tan modesta como la CGE. Hasta entonces, la explicación más verosímil era que posiblemente buscaba blindaje político ante la inminente persecución de la FGR en contra de su ex jefa Robles.

Pero si la Dirección que actualmente ocupa en la CGE era sólo una estación de paso para transitar posteriormente a la titularidad del ORFIS, todo parecería indicar que dicho proyecto político ya tronó, luego de que la FGR logró vincular a proceso a Rosario Robles y un juez federal determinó prisión preventiva para la ex secretaria.

¿Quién, a sabiendas de la implicación de Vega García en este megafraude, fue quien lo incrustó inicialmente en la CGE para luego promoverlo como auditor general del ORFIS? ¿Quién se atrevió no sólo a exponer al gobernador Cuitláhuac García sino a desafiar también al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente, en una de sus conferencias de prensa mañaneras, había advertido tajante que “a quienes estén involucrados en esto de la ‘Estafa Maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno”?

Una versión, quizá la más verosímil, apunta hacia la poderosa secretaria de Energía y senadora con licencia, Rocío Nahle García, pues uno de sus hermanos, Arturo, ex subsecretario de SEDATU con Jesús Murillo Karam –quien a mediados de 2015 fue sustituido precisamente por Rosario Robles– estaría muy ligado a Emilio Zebadúa González, el operador financiero de la ex perredista en ambas secretarías de Estado.

Zebadúa, padrino político de Vega García, es hijo de Lourdes González Jameson, muy amiga de doña Amalia Solórzano, viuda del general Lázaro Cárdenas, quien en la sucesión presidencial del 2000 habría persuadido a su hijo Cuauhtémoc para que dejara en manos de Robles el gobierno del entonces Distrito Federal.

Un hermano de Emilio, José Ramón Zebadúa, fue a su vez encargado de las finanzas del CEN del PRD durante la dirigencia de Robles; salió acusado de un fraude financiero en perjuicio del partido del sol azteca.

VEGA GARCÍA, IMPLICADO 

Por cierto, en el auto de vinculación a proceso de la imputado María del Rosario Robles Berlanga, correspondiente a la Causa Penal 314/2019, entre los datos de prueba tomados en consideración para establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito, se enlista la “copia auténtica del oficio con terminación133/2018, de dos de marzo de dos mil dieciocho, elaborado por José Antolino Orozco Martínez, Titular de la Unidad de Política, Planeación y Enlace Institucional, dirigido a Miguel Ángel Vega García, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con copia de conocimiento a la imputado, en el cual obra un sello de recibido.”

Igualmente se hace referencia a dos Oficios más, el número 869/2018, del 29 de octubre de 2018, y el 908/2018, del 13 de noviembre de 2018, ambos elaborados por una subordinada de Vega García: la Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control, María del Carmen Gutiérrez, en los que se aprecia la copia de conocimiento para la imputada, con sellos de acuse de recibo, uno del 5 de noviembre de 2018, y el otro del 16 de noviembre de 2018. 

El ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de  la Oficina de Robles en la SEDESOL y SEDATU, ya promovieron sendos amparos para detectar posibles órdenes de aprehensión que pudiera obtener la Fiscalía General de la República para privarlos de su libertad. ¿No sería hora que Miguel Ángel Vega vaya haciendo lo mismo? ¿O a poco cree que todavía tiene posibilidades de ser auditor general del ORFIS?