Por eso suena absurdo que su director municipal de Protección Civil, David Esponda Cruz, haya salido a decir ayer que no sabe si el bar donde ocurrió la masacre… ¡seguía medidas de seguridad!
El funcionario municipal, que se supone es el encargado de verificar, exigir y sancionar que este tipo de establecimientos cuenten con varias salidas de emergencia para prever precisamente este tipo de siniestros o atentados, dijo que serán las autoridades correspondientes las que determinen si el bar Caballo Blanco contaba o no con las medidas de seguridad necesarias.
Ah, pero contradictoriamente se atrevió a afirmar que la dependencia municipal a su cargo realiza las inspecciones en tiempo y forma. ¿Y entonces? ¿El centro nocturno, donde el martes pasado murieron 30 personas, entre clientes y empleados –unos acribillados y otros por quemaduras y asfixiados por el fuego–, cumplía o no con las medidas de seguridad más elementales?
Pero hay otras situaciones igualmente absurdas. Una de ellas es que hasta el momento ni siquiera se sabe con certeza quién era el verdadero dueño del bar. En un principio se mencionó a Agustín Javier Ronzón González, uno de los dos degollados que aparecieron en un video que circuló en redes sociales el día del ataque a “El Caballo Blanco”. Sin embargo sus familiares desmintieron esa versión.
Este lunes, casi una semana después de la tragedia, el gobernador Cuitláhuac García informó que se reunirá con el alcalde Víctor Carranza pues dijo que tiene “recomendaciones” que hacerle en cuestión de seguridad y que son de su competencia.
¡Por supuesto! El alcalde ya no puede ser tan omiso y dejar que los gobiernos estatal y federal resuelvan solos el problema.
El viernes pasado, ante senadores de MORENA, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hizo precisamente un llamado a meter en orden a los bares y centros de entretenimiento nocturno en el país debido a que en ellos se han registrado los delitos de mayor impacto.
Sin mencionar de manera directa el caso de “El Caballo Blanco”, el funcionario dijo que estos centros operan sin control.
“Todo lo que han visto ustedes, estos actos de barbarie, de alto impacto, han sucedido en los llamados establecimientos mercantiles, que en realidad son antros, que en realidad son giros negros.
“No tienen horarios, cada municipio hace lo que quiere con su normatividad y tenemos que definir, en estas circunstancias, tal como se hace en cualquier país del mundo, tenemos que meter orden. (Tenemos) giros negros que funcionan 24 horas y ahí suceden absolutamente todo de lo que hemos visto en términos más impactantes”, enfatizó.
Por lo anterior llamó a modificar el Artículo 115 de la Constitución para establecer lineamientos en materia de Licencias de Establecimientos Mercantiles.
PIMENTEL: REPENTINO ‘INTERÉS’
Llamó la atención que Raúl Pimentel Murrieta, magistrado del Poder Judicial del Estado, se diera cuenta ¡¡¡dos años y medio después!!! que “urge” nombrar los magistrados que faltan en el Tribunal Superior de Justicia.
Y es que Pimentel, “el tonto con prisas”, como le dicen ahora, apenas se percató que la justicia no puede esperar, cuando nunca hizo nada porque se ocuparan las vacantes que hay en el Tribunal.
Es más, creyéndose casi un Mesías, exigió que se “dejen de lado las diferencias políticas” y se nombre de una vez por todas a los magistrados que faltan; sin embargo, muchos recuerdan las grillitas que se aventaba –y se sigue aventando– en el Poder Judicial para enredar ese tema y sacar raja política.
Ni hablar, de que los hay, los hay. |
