Sería de esperar que en el tiempo que resta de la administración federal de Morena, otras entidades se sumen a este logro de Oaxaca. La Ley de Amnistía para liberar a personas acusadas de interrumpir el embarazo decretada por AMLO quizá tenga consecuencias poco operativas pero es una importantísima señal política de la postura de Morena, cuyo grupo parlamentario ya anunció una propuesta para legalizar la interrupción legal del embarazo (ILE) en todo el país. El hecho de que este partido tenga mayoría en 20 congresos estatales abre esta oportunidad, pero no es un pase automático. Por ejemplo, Puebla, gobernada por Morena, es una de las entidades donde 73 mujeres enfrentan denuncias en su contra por interrumpir su embarazo pero la discusión sobre la legalización de esta práctica ha sido aplazada. En la misma situación se encuentran 30 mujeres en el Estado de México y en esa entidad la ley sobre el tema está congelada, se tiene previsto discutirla en comisiones hasta el próximo año.
De acuerdo con el informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Violencia sin interrupción, cinco entidades consideran seis causales de aborto no penalizado: Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán, destaca esta última entidad porque es la única que considera la situación económica como razón para interrumpir un embarazo.
Veracruz, Hidalgo, Morelos y Guerrero incluyen cinco causales. Tamaulipas, Baja California, Chihuahua (donde se tiene registro de 45 juicios abiertos en contra de mujeres por interrumpir el embarazo), Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Quintana Roo, Nayarit, Puebla y Edomex tienen cuatro causales. En ese mismo grupo se encontraba hasta la semana anterior Oaxaca.
En tanto, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Durango, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche y Durango incluyen tres causales.
Y los estados que más criminalizan a las mujeres por interrumpir el embarazo son Querétaro y Guanajuato que sólo consideran no punible un aborto si es por violación o por imprudencia culposa. Precisamente de Querétaro es la diputada panista Elsa Méndez que pretende multar la masturbación, ha dicho que el feminismo denigra a las mujeres y por supuesto se ha pronunciado enfáticamente en contra de la despenalización del aborto. Es claro que a menor número de causales admitidas mayor es la persecución punitiva. De hecho, no se trata de despenalizar el aborto sino de incluir la causal que lo convierte en no punible dentro de cierto plazo, en general, las doce primeras semanas.
Las historias terribles detrás de esta criminalización no llegan a las primeras planas de los diarios, pero eso no les quita lo siniestro: En 2014, por ejemplo, la Suprema Corte liberó a una indígena que estuvo encarcelada siete años, acusada por abortar. En otro caso, Evelia, mujer maya víctima de violación, fue sentenciada en 2010 a doce años y seis meses de cárcel por abortar, apeló la decisión y le aumentaron un año de castigo, se amparó y le redujeron dos años y medio de prisión en 2014. Lleva diez años presa por homicidio en razón de parentesco. ¿Y su violador? Sin castigo.
Este sexenio debería hacer confluir el activismo de los grupos de mujeres y defensores de los DH, que han sido muy relevantes en esta lucha, con el panorama político del país. Veinte entidades tienen congresos de mayoría morenista a cuyos diputados les debería llegar el mensaje que tiene el decreto de la Ley de Amnistía de AMLO y la iniciativa de los legisladores federales, cinco de ellos tienen además gobiernos del mismo partido. Veracruz podría dar el ejemplo si acata la recomendación de la Suprema Corte para legislar a favor de las mujeres en esta materia como resultado de las dos alertas de género emitidas en esta entidad. Después del amparo interpuesto por el Congreso estatal, el asunto lo estudia nuevamente la Suprema Corte. Sería deseable que una iniciativa a favor de despenalizar la interrupción del embarazo o acatar la determinación de la Suprema Corte saliera del propio Congreso y no sea una orden emitida por aquella.
Las once entidades gobernadas por el PRI son una incógnita, pero históricamente el PRI ha sucumbido a los grupos de presión religiosos aliados con las fuerzas más conservadoras que tienen poderío económico.
Lo preocupante para las mujeres son los doce estados con gobiernos panistas y los cuatro congresos con mayoría de este partido.
Por más disminuido que esté el PRD, no se le puede dejar de reconocer que el partido ha sido punta de lanza en la legislación a favor del derecho de las mujeres a decidir. Actualmente gobierna Michoacán, cuyo congreso introdujo la causal económica. Podrían esperarse buenas noticias en los cambios legislativos de esta entidad.
El caso de Oaxaca es significativo por muchas razones. Se estima que en esa entidad se practican cerca de 10 mil abortos clandestinos al año, cifra que repercute en la elevación de la muerte de mujeres. El sistema de salud de la Ciudad de México registró que el año anterior acudieron 369 oaxaqueñas a solicitar un procedimiento para interrumpir el embarazo, opción segura que la mayoría de esas casi diez mil mujeres que se practican abortos clandestinos no tiene.
Oaxaca es gobernada por el PRI pero la mayoría del Congreso la tiene Morena. Se trata, además, nada menos que de la entidad emblemática, con la figura de Juárez, del laicismo en este país, porque es bien sabido que la iglesia representa una fuerza a tener en cuenta en el rechazo del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. El 25 de septiembre, por supuesto, estuvieron presentes los grupos conservadores que coreaban consignas y rezaban intentando detener la aprobación a los cambios en el Código Penal Estatal para despenalizar la interrupción del embarazo.
Los gritos iracundos de “asesinos” que repetían los conservadores no pudieron con la lógica de las consignas “¡Educación sexual para decidir!, ¡Anticonceptivos para no abortar!, ¡Aborto seguro y gratuito para no morir!”.
Las marchas de mujeres que abogan por este derecho que ya tienen dos entidades son absolutamente válidas. Es necesario evidenciar los actos vandálicos como un patrón para desprestigiar este reclamo. Sólo esperemos que esta estrategia tan pedestre no influya de ningún modo ni en el ánimo del activismo ni en la disposición de los legisladores. La opinión pública ya está dividida, sólo restaría hacer una labor de educación ciudadana para hacer ver a quienes se oponen que ninguna ley obliga a nadie a interrumpir un embarazo, sólo le otorga el derecho a quien necesita o desea hacerlo. Se debe apelar a que comprendan, entre otras cosas, el retrato lamentable de nuestra sociedad por las once mil 808 niñas de entre 10 y 14 años que en 2016 tuvieron un aborto a consecuencia de embarazos causados por violencia sexual, así como la tragedia personal que esa violencia significó, y peor aún, los numerosos casos en que las niñas se tuvieron que convertir en madres por la carencia de una norma legal que las apoyara.
La “marea verde” no es vandálica, lucha por los derechos de niñas y mujeres, la lucha no es de ahora, tiene años. Se le quiere desprestigiar porque justo ahora tiene oportunidad política.
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