La docilidad mostrada ante las autoridades federales y su incompetencia para hacer valer su voz para atraer inversiones urgentes que hubieran permitido contener brotes epidemiológicos graves, como el del dengue, o brindar servicios urgentes para enfermedades degenerativas, en especial VIH-Sida y cáncer, aún sin resolver, no solo han causado graves pérdidas productivas y de escolaridad; por desgracia, también han provocado ya varias muertes inesperadas e imperdonables.
¿Por qué sigue en el puesto este monumento a la ineptitud? Muchos veracruzanos se lo preguntan, pero no han obtenido respuesta. Tampoco se lo explican. Por menos de eso, funcionarios incapaces han sido dados de baja en anteriores administraciones a la primera o segunda pifia, pero este medicucho parece que tiene patente de corso.
Quien lo protege, sea su promotora Rocío Nahle o su jefe inmediato, Cuitláhuac García Jiménez, pronto conocerán los efectos políticos negativos que le deparan los veracruzanos afectados en su salud o en la de sus familiares.
Para colmo, los grupos opositores a Morena están tomando cada traspié en materia de salud como una bandera política, acompañada con un duro ruido mediático; ya hemos visto cómo padres de familia de niños con cáncer han bloqueado calles en la zona conurbada de Veracruz para protestar contra la postergación de los tratamientos de sus hijos y, pese a tener el tufo de la confrontación política, navegar en la corriente de una justa demanda.
Por eso, el alcalde de Veracruz, Fernandito Yunes Márquez, ha salido como el adalid de este sector, ofreciendo comprar la campana de flujo laminar que requiere el hospital infantil para realizar los tratamientos, cuando fue el gobierno de su padre el que adquirió un equipo que no funciona y, por tanto, ha impedido atender a los niños.
Lo cierto es que el personaje que nos ocupa, Roberto Ramos Alor, parece que no es enterado de nada de lo que ocurre en la secretaría a su cargo, porque no atiende con tiempo las emergencias. Ya van varias bombas de tiempo que le estallan en las manos.
Si fuera una dependencia relacionada, digamos, con educación, los efectos se esperarían a la vuelta de 10 o más años, aunque nadie diría tal persona está mal preparada profesionalmente porque hace diez año la autoridad educativa no le proporcionó instalaciones ni maestros adecuados. Pero en salud, los efectos son inmediatos y, en el caso del dengue, multiplicados y recrudecidos.
Por ahí alguien salió con la estupidez de decir que, en realidad, no ha sido el dengue el causante de las muertes, sino otras complicaciones; pero los otros problemas de salud no hubieran provocado la muerte si no hubieran estado asociados a los efectos del dengue.
Parece que la defensa del tonto de la familia es asumida por otros más tontos, quienes actúan como una deleznable pandilla.
¿Hasta cuándo dejarán que Ramos Alor siga provocando más daño a la población de Veracruz? ¿Por qué no se deshacen de esa lacra con una patada por el trasero? ¿No se dan cuenta de que pronto sentirán las consecuencias en contra de todo el proyecto que tan celosamente protege el mismísimo Andrés Manuel López Obrador? ¿A Ramos Alor le importa más sacar para la chuleta que apoyar el proyecto de su líder? Recuerden lo que le pasó a Javier Duarte con la supuesta aplicación de placebos a niños con cáncer. Por lo visto, le quedó enorme la bata.
Impunidad afecta derechos económicos y sociales
Prácticamente todos los estados del país están sumidos en niveles alarmantes de impunidad, lo que no solo fortalece y alienta a los grupos criminales, y afecta la economía de las familias que han sufrido la muerte de un miembro que aporta económicamente, los estragos de los cobros de piso, el pago para el rescate de un familiar secuestrado o el robo del auto o el menaje doméstico. También afecta a toda la sociedad.
La mañana de este martes, en la Ciudad de México, Irene Tello Arista, Directora Ejecutiva de la organización Impunidad Cero, y Daniel Vázquez, investigador de la organización, presentaron el estudio “El impacto de la impunidad en los Derechos Económicos y Sociales”. Este innovador estudio analiza las afectaciones que tiene la impunidad en el ejercicio de los derechos económicos y sociales (DES). Y es que, según sus conclusiones, la impunidad daña la calidad de vida de los mexicanos.
De la investigación se desprende que la impunidad funciona como un contexto que incentiva, facilita y mantiene violaciones a los DES; la impunidad en casos de corrupción merma la responsabilidad directa del Estado de garantizar, proteger y promover los DES; conlleva una pérdida de hasta 7 mil 181 USD en el PIB per cápita, lo que se traduce directamente en menores recursos para las personas.
Además, la impunidad impacta el nivel educativo de la población, con una pérdida de hasta 4.7 años en promedio de escolaridad a nivel mundial. En países con altos niveles de impunidad, la esperanza de vida puede ser hasta 3.7 años menor que en países con niveles bajos de impunidad.
Durante la presentación, el investigador Daniel Vázquez aseguró que si, por ejemplo, Guerrero, el estado con mayor impunidad, redujera de 90% a 60% en sus niveles de impunidad, el rezago educativo estatal mejoraría en al menos 6.5%. Agregó que cuando el Estado no cumple con sus obligaciones de garantizar, proteger o promover los DES, existe una responsabilidad administrativa, de Derechos Humanos o hasta penal, que muchas veces no tiene consecuencia.
Irene Tello Arista precisó que la impunidad no solamente se da en el ámbito penal, sino también en el terreno administrativo y de Derechos Humanos; de ahí la importancia de analizar cómo impacta en derechos tan básicos como a la educación, a la salud e incluso a la vida digna.
El estudio concluye que, en el caso de México, cada punto de variación en la impunidad de las entidades federativas tiene un impacto de 0.21% de la población con rezago educativo. Y ejemplifica: En 2013, Guanajuato tuvo 98.1% de impunidad y 22.4% de su población con rezago educativo. En ese mismo año, Tlaxcala tuvo una impunidad menor, 95%, y un porcentaje menor de su población con rezago educativo: 15.3%.
México tiene una percepción de impunidad de .33 y una expectativa de vida de 77.3 años. Italia, Grecia, Chile y Costa Rica mejoran su percepción de impunidad con entre .50 y .55 y tienen una mayor expectativa de vida con entre 80 y 82 años. Considerando la interacción entre la corrupción y la impunidad, en México la impunidad conlleva perder 0.58 años de esperanza de vida.
Ya se imaginará que pasará en Veracruz si la nueva Fiscalía no hace disminuir los profundos niveles de impunidad con que navegamos en medio de la grave tormenta de violencia.
Frases sin disfraces
“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido.
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