No obstante que la maestra en Derecho Delia González Cobos no cumplía cabalmente con todos los requisitos para ser designada auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) –pues aparte de no acreditar, como lo exigía la convocatoria, “una experiencia de, al menos, cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”, todavía hasta agosto pasado se venía desempeñando en la Secretaría de Finanzas y Planeación como Procuradora Fiscal, cuando la ley exige “no haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado…”–, el Pleno de la LXV Legislatura local, de la terna que le fue propuesta por la Comisión de Vigilancia, decidió elegirla casi por unanimidad para encabezar el ente autónomo fiscalizador de Veracruz durante los próximos siete años.

La nueva titular del ORFIS, como ya se sabe, obtuvo 48 votos a favor y solamente hubo dos abstenciones. Ninguno de los 50 diputados se manifestó en contra, pese a la confrontación que desde hacía tres semanas mantenían los líderes y legisladores locales del PAN por la polémica destitución de Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado (FGE), conflicto que inclusive había escalado hasta el Senado de la República, donde finalmente este martes 8 fue desechada la solicitud de la bancada panista para separar al gobernador Cuitláhuac García de su cargo y desaparecer los Poderes del estado.

Varios analistas quedaron realmente sorprendidos por la forma en que ahora sí los presuntos operadores políticos y legislativos de Palacio de Gobierno se habían aplicado y maniobrado para sacar sin ningún problema la designación de González Cobos, a pesar de su evidente vínculo morenista.

“¿Qué fue entonces lo que ahora les dieron, dijeron o prometieron a los diputados del PAN, PRD e independientes que a principios de febrero de este año echaron abajo el juicio político que desde entonces los gobernantes y legisladores de MORENA pretendían iniciarle a Winckler para sacarlo de la FGE?”, preguntábamos también en este mismo espacio periodístico, advirtiendo que más temprano que tarde se sabría, aunque ya adelantábamos desde ese jueves 26 de septiembre que había empezado a trascender “que a unos les habrían concedido para sus recomendados posiciones en la Fiscalía, a otros posiblemente les ofrecerán puestos en el ORFIS para sus allegados, a unos más les entregarán obras para los municipios de sus distritos por los que se pretenden postular para las elecciones locales del 2021, y a uno que otro u otra diputada que lo pudiera necesitar le asegurarán impunidad”.

Ahora ha quedado al descubierto también que los grupos políticos y de poder representados en el Congreso local igualmente obtendrán su cuota en la designación de las 13 magistraturas que siguen vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pero la gran sorpresa es que esta eficaz operación no la hizo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ni el diputado Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ni el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local, sino una persona seria, con credibilidad y muy cercana al afecto y la confianza del gobernador Cuitláhuac García: el maestro Atanasio García Durán, un ex militante del PRD y ex presidente del Congreso del estado, que no tiene cartera oficial en el gabinete de su hijo.

LOS 13 ELEGIDOS

Por cierto, este jueves fue dada a conocer la lista de los 13 candidatos a magistrados que el gobernador Cuitláhuac García ha propuesto a la LXV Legislatura local.

Tal como lo había prometido inicialmente el jefe del Poder Ejecutivo, la mayoría de sus propuestas son mujeres. En total suman nueve: Bertha Inés Chávez Méndez, Claudia Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia Berlín Mendoza, Denisse de los Ángeles Uribe Oregón, Florencia Cruz Fernández, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández y Sofía Martínez Huerta.

Completan la lista Adolfo Cortés Veneroso, Cándido Nicanor Rivera, Esteban Martínez Vázquez y Sergio Jiménez Maraboto.
Casi todos tienen trayectoria en el Poder Judicial, varios son jueces municipales.

La más cuestionada ha sido Denisse de los Ángeles Uribe Oregón, regidora con licencia del Ayuntamiento de Acayucan y ex presidenta de la Fundación Colosio Veracruz, ligada al grupo del ex candidato a gobernador, ex senador y actual diputado federal priista Héctor Yunes Landa, quien al menos dispone de dos votos seguros en la LXV Legislatura local: el de su hija Andrea Yunes Yunes (PVEM) y el de su compadre y ex coordinador de campaña en 2016,  Jorge Moreno Salinas (PRI).