No pudo explicar mejor el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el asunto de la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, tras el lamentable y desastroso operativo de Culiacán.
“La ley no puede ser objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar. El imperio de la ley deja paso al dominio de la fuerza y, con ello, las posibilidades de que los derechos de las personas se respeten y preserven, desaparece", dice el Ombudsman.
"El que el Estado busque la conciliación y la pacificación del país, lo cual es encomiable, no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a su suerte a los servidores públicos encargados de hacer valer la ley y defender a las instituciones".
También explicó que respetar y hacer que la ley se respete no puede confundirse con represión, ya que el uso legítimo de la fuerza es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan.
Y es que este vergonzoso asunto en el que nuestras fuerzas armadas volvieron a hacer el ridículo, no puede quedar así, sin que haya una investigación a fondo y castigo para los responsables de tan torpe situación… ¿No cree usted que se debe investigar, informar al pueblo los resultados y castigar al o los responsables si los hay? El precedente que sentó el Estado mexicano frente a la delincuencia no es nada decoroso y menos ayuda a rescatar la seguridad que tanto anhelamos los mexicanos, al contrario, nos pone a todos en grave riesgo.
Condonan impuestos a delincuentes
Y tenemos que sumarle una raya más al tigre porque ayer se supo que el Gobierno de México ha cancelado deudas a empresas vinculadas al crimen organizado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, según reveló este lunes una investigación de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI).
Según MCCI, entre agosto y octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló a nivel general 13 mil 934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126 mil millones de pesos, todo ello tras analizar bases de datos oficiales obtenidas y procesadas.
El 20 de agosto, el SAT realizó una primera cancelación de 10 mil 583 adeudos por 79 mil millones de pesos, mientras que el pasado 10 de octubre notificó una nueva cancelación, esta vez de 3 mil 351 créditos por 47 mil millones de pesos.
“En conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de tres meses representan tres veces el presupuesto asignado en 2019 para Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas sociales emblema del actual Gobierno federal, y superan al desembolso que se tuvo que hacer por la cancelación anticipada de 692 contratos en el aeropuerto que se proyectaba hacer en Texcoco”, denunció MCCI.
Algunas de las empresas condonadas estarían relacionadas con el crimen organizado.
La organización -muy crítica con la cancelación de aeropuerto de Texcoco, que había de dar servicio a la capital- detalló que la actual Administración federal canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel «El Mono» Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una corte federal de Texas (EEUU) de los «delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína», aseguró la entidad.
Dicha cancelación del adeudo al presunto operador financiero del cártel de Los Zetas fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019.
Primero criminalizan a quienes por error se equivoquen en sus declaraciones fiscales al SAT, convirtiéndolos en delincuentes a los que se debe castigar con cárcel, por diez pesos que omitas; luego nos enteramos del escandalazo que se armó al filtrarse una lista de beneficiarios del SAT a quienes el presidente, en uso de sus facultades, les condonaba el pago de impuestos, entre ellos, Diego Fernández de Ceballos, con una cantidad superior a los ¡800 millones de pesos! por un predio y ahora resulta que López Obrador ha condonado el pago de impuestos (miles de millones) a empresarios del narco… ¿Qué opinarán de esto los simpatizantes de López Obrador, el que quiere matar pero a besos a los delincuentes?.
Una captura telegrafiada
Muy interesante la columna de ayer del periodista Raymundo Riva Palacio, muy conocido en Veracruz donde venía, en tiempos de Fidel Herrera y luego de Duarte, cada mes a recoger su chayote, de esos que hasta espinan. Lo podíamos ver en el lobby del hotel Fiesta Inn, hasta donde llegaba un emisario a entregar su paquete.
En su columna “Estrictamente personal”, el periodista chilango nos explica:
“La captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. En un video de la Secretaría de la Defensa que comenzó a circular el viernes, dejó claro que los soldados cumplieron con la misión de capturarlo. Lo que sucedió después, sugieren claramente, no fue responsabilidad de los militares. Guzmán López fue llevado a las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, donde los cercaron. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Es decir, hicieron lo que la operación debió de haber considerado y no hicieron. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito.
“El Cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al Gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente. El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis y el responsable de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió a mostrar su incompetencia al no ordenar el mensaje. Atascado en propaganda y difamaciones, no supo cómo contrarrestar la desinformación criminal. En cambio, el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre del detenido, fue quien orientó desde el jueves la información y ofreció una conferencia de prensa el viernes para agradecerlo al Presidente su “humanitarismo”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió impedir la conferencia, pero nunca supieron cómo.
“Militar, política y mediáticamente, el Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al Gobierno federal. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición. El presidente López Obrador justificó que dejarlo en libertad evitó un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendrá su decisión.”
Se ve a leguas que Riva Palacio no está en la lista de la 4T todavía, y que anda buscando que lo incluyan, a ver si no le pasa lo de Carlos Loret y también lo echan de Televisa. El gobierno de AMLO se ha caracterizado por su intolerancia a los medios de comunicación que se atreven a criticarlo.
REFLEXIÓN
¿Por qué Veracruz sigue siendo primer lugar en el país en feminicidios y secuestros? Porque no hay una policía eficiente capaz de prevenir la comisión de los delitos. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx
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