Prefacio.

Ya se sabe la fórmula para justificar (o al menos “explicar”) el origen de su fortuna, construida luego de toda una vida dedicada a la política y el servicio público. *** No se case, viva en unión libre y utilice a su pareja como presta-nombres de una buena parte de sus bienes; otra porción póngala a nombre de sus hijos los que ya sean mayores de edad. *** Conserve a su nombre –eso sí- un buen porcentaje de su botín, de manera que explique ese modo de vida “fifí” que lleva. Con eso demuestra que no todos los políticos millonarios son ladrones y que usted tuvo la habilidad de combinar su vocación de servidor público, con su destreza para los negocios. *** Esa es la conclusión a la que se llega luego de la defensa a ultranza de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al potentado director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. *** No pierda detalle de este dictamen. Muy pronto se percatará que esa misma ruta habrán de tomar todos esos nuevos millonarios, a los que hasta ahora les está haciendo justicia la Revolución, para seguir cobijados bajo el manto de San Andrés Manuel.

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En charla con algunos reporteros, invitados a brindar por la temporada navideña, la encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, reveló que al auditar la gestión de Jorge Winckler al frente de ese órgano autónomo, se encontró con que mantenía a cerca de 300 “aviadores” (sujetos que cobraban sin trabajar) entre los que identificó a algunos periodistas “y hasta empleados domésticos”.

Dijo que además encontró 400 plazas sin utilizar, funcionarios con salarios excesivos y el cobro de “cuotas” a los fiscales.

Todo ello, por supuesto, amerita denuncias de carácter penal, pero la encargada del despacho señaló que éstas se presentarán en el momento en el que las auditorías concluyan y se documenten las irregularidades encontradas.

Llama la atención que los señalamientos de Verónica Hernández tienen que ver con el manejo administrativo de la Fiscalía en los tiempos de Jorge Winckler, cuando fungía como Oficial Mayor de la dependencia, Gabriela Reva Hayón, quien antes se había desempeñado como funcionaria en el ayuntamiento de Boca del Río, durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Reva Hayón era una de las coordinadoras en la estructura electoral de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que en la nómina de la Fiscalía General del Estado se incluyeron a muchos de sus operadores y, ya entrados en esa dinámica, diseñaron un mecanismo para disponer de efectivo y con ello “estimular” a los profesionales de la pluma que se encargaban de defenderlos o de difundir sus “aciertos”.

En los primeros meses de la actual administración estatal, el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, se refirió a la actuación del entonces fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres y le recriminó que dedicara tiempo a escarbar en el tema del “afaire del primo incómodo”, en lugar de atender los señalamientos contra Reva Hayón:

“Ustedes recordarán la denuncia en contra de la Oficial Mayor, Gabriela Mercedes Reva Hayón, señalada por irregularidades cometidas con vales de gasolina, viáticos y rentas millonarias de camionetas de la Fiscalía General del Estado, y la del Director General de la Policía Ministerial, Jorge Arturo Rodríguez Poucheta”, dijo en aquella ocasión el secretario de Gobierno.

Gabriela Reva -igual que lo hizo Marcos Even Torres- dejó abandonada su oficina en la Fiscalía en cuanto se enteró que había sido removido su jefe, socio y amigo, Jorge Winckler.

Vayan anotándola en la lista de los objetivos de la actual administración estatal, para que rinda cuentas ante la justicia.

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Epílogo.

En opinión del dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, el proyecto de presupuesto estatal para el 2020 tiene “discrepancias que causan confusión”, pues mientras aumenta recursos en áreas menos relevantes, los disminuye en rubros de vital importancia para los veracruzanos. *** Basado en cifras que ha recabado a partir del primer informe de gobierno, Marlon Ramírez observa que en el apartado de “servicios personales”, el proyecto pasa de de 51 mil 111.6 millones de pesos en 2019, a 49 mil 187.2 millones en 2020, lo que –dijo- puede traducirse en despido de personal o reducción de salarios. *** Otra cifra que le llamó la atención fue el que se refiere al pago de pensiones, que se reduce de 3 mil129.9 millones de pesos en 2019 a 2 mil 812.1 millones de pesos. ¿Será que encontró la forma de disminuir el subsidio al IPE? *** “En inversión pública hay una disminución de 142.7 millones de pesos, lo que se traduce en menos recursos para obra pública; (el servicio de) la deuda pública aumenta de 4 mil 740.3 millones de pesos en 2019 a 7 mil 638.3 millones de pesos en 2020, y hay una disminución en el presupuesto para organismos autónomos de 12 mil 736 millones de pesos en 2019 a 11 mil 023 millones de pesos en para el 2020. *** Todo ello es, sin duda, muy preocupante y los legisladores priistas se encargarán de hacerlo notar al momento de que se discuta la iniciativa. *** Ya lo había anticipado su más entusiasta promotor, Francisco Garrido: Que “Podemos” superaría con creces la exigencia de la Ley para convertirse en partido político. Este jueves el consejero presidente del Organismo Público Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla dio a conocer que las organizaciones políticas “Podemos”, “Todos por Veracruz”, “Unidad Veracruzana” y “Bienestar y Justicia Social” cumplieron ya con el número de asambleas que exige la ley electoral, como requisito para convertirse en un partido político estatal. *** “Tenían que hacer 20 asambleas distritales mínimo, de esos ya son tres organizaciones que ya cumplieron; una es 'Podemos', la otra es 'Todos por Veracruz', esas dos llevan 23 asambleas realizadas válidas y también está 'Bienestar y Justicia Social' que lleva 20 asambleas”, explicó. Bien.

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