Alguna vez, charlando cun un amigo que era alcalde de un municipio de la entidad, le hacía notar que, al margen de sus capacidades y su vocación de servicio, había tenido mucha suerte al llegar a la presidencia municipal justo en aquella coyuntura.
“Tienes la suerte de estar relevando al peor alcalde que ha tenido tu municipio. Hizo tan poco, que apenas con cambiar una piedra de lugar o echar algo de chapopote en un bache, recibirás el aplauso y reconocimiento de tus paisanos”.
Algo similar parece estar sucediendo con la encargada del despacho en la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans. Fue tan poco lo que hizo Jorge Winckler (y la mayor parte lo hizo mal) que con una buena dosis de disposición al trabajo y voluntad, la mejoría ha sido notoria… aunque no suficiente.
Este martes la encargada de la FGE compareció ante los diputados locales para rendir un informe de lo realizado por el organismo autónomo durante el año 2019. Ella llegó en septiembre del año pasado y le correspondió hablar de las condiciones en las que encontró la Fiscalía.
A su llegada se enteró de que casi 30 mil carpetas de investigación habían sido arrumbadas, sin control alguno, sin ser ingresadas a las bases de datos. La razón era sencilla: Denuncia que no aparezca en “el sistema”, es denuncia que no existe y, por lo tanto, genera la percepción de que la incidencia delictiva es menor.
De los más de 80 mil procesos iniciados el año pasado, 12 mil 444 carpetas de investigación y 17 mil 274 expedientes del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, no habían sido cargados en las bases de datos.
La procuración de justicia en Veracruz, en los tiempos de Jorge Winckler, fue letra muerta.
Verónica Hernández no tuvo empacho en admitir que en su familia hay gente que no ha respetado a Ley. Se exhibió durante su comparecencia que es prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, señalada por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Su respuesta fue clara:
“No voy a negar un parentesco, a la familia no se elige; afortunadamente a los amigos sí. Pero ni por los amigos, ni por la familia, los actos que realicen yo puedo responder; yo soy única responsable de mis actos y mis palabras”.
Nadie la puede juzgar por el comportamiento de algún familiar. Su respuesta contrasta con las que han dado otros servidores públicos, cuando se les ha cuestionado sobre la existencia de lazos familiares con otros funcionarios.
Se le cuestionó acerca de la calidad moral que posee para llevar a cabo la encomienda en la FGE, ante la dudosa legalidad del acto que la colocó en ese cargo y ella respondió que su calidad moral está sustentada en sus valores, sus principios, su ética y su congruencia.
Pero es precisamente en ese punto donde el Congreso del Estado debe poner especial énfasis. Es muy debatible la legalidad del procedimiento que se utilizó para remover a Jorge Winckler y, en consecuencia, la legitimidad de quien hoy atiende ese órgano autónomo sin haber cumplido con el protocolo que manda la Ley.
Es menester que se defina en los tribunales la condición jurídica de Jorge Winckler y de su remoción, para lanzar lo más pronto posible la convocatoria que permita la designación, con base en lo que establece la Constitución local, de un nuevo Fiscal General.
Todo lo que se haga en estos momentos, por muy bueno que sea, llevará el asterisco de que se realizó luego de pasar por un procedimiento –por decir lo menos- “cuestionable”.
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Epílogo.
César del Ángel Fuentes no tiene -ni cerca- la calidad moral para asumirse como víctima. Es evidente que se sube a la ola de señalamientos contra el prófugo exfiscal Jorge Winckler, para cobrarse viejas afrentas. La ofensiva jurídica contra la comunicadora Claudia Guerrero Martínez, no es otra cosa que un capítulo más de aquel ataque de las hordas autodenominadas “400 Pueblos”, contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionarlos públicamente (incluido quien esto escribe). *** Es evidente que no existe materia para denunciar por la vía penal a la periodista, y que se está utilizando ese recurso para intimidarla y coartar su libertad de expresión. Vaya desde este espacio el respaldo a Claudia Guerrero y la demanda a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, para que no caigan en ese juego perverso. *** Frente a la intolerancia y la violencia de grupos vinculados con organizaciones religiosas, el Congreso del Estado decidió posponer el foro denominado “Hacia un Código Civil Incluyente”, que estaba programado para este miércoles a las 11 de la mañana en el World Trade Center de Boca del Río. *** La diputada Mónica Robles Barajas, coordinadora de estos encuentros, optó por no exponer a los ciudadanos interesados en el tema, a que resulten agredidos por las violentas manifestaciones de protesta. Las manifestaciones, dijo, están siendo inducidas ante la falta de argumentos y han escalado en violencia, por lo que lo más prudente es esperar a que las condiciones sean más seguras. *** Es una pena que no se puedan debatir de manera abierta y respetuosa los temas que interesan a todos los veracruzanos.
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