La situación de quiebra financiera que presenta actualmente el Sistema de Pensiones de Veracruz, representa uno de los problemas más graves que vive el Estado y se evidencia de manera indiscutible en la dificultad para poder pagar a tiempo y en la forma debida las pensiones a los cerca de 30 mil pensionados y jubilados, y para incorporar en tiempo y forma a los nuevos solicitantes que cada año se suman. Ello debido a los montos que ha alcanzado el déficit anual que ha venido creciendo desde su aparición en 1992 y que, en 2020 es de un valor superior a los 3,000 mdp. El Gobierno del Estado se ha encargado de cubrirlo mediante subsidios, pero también para éste se convirtió ya en un enorme compromiso financiero, cada vez más difícil de cubrir.

Con un déficit tan elevado no existe forma de que el Instituto de Pensiones del Estado, pueda, por sí mismo, garantizar el pago a los pensionados actuales y a los casi 100.000 trabajadores en activo, quienes en un ritmo creciente harán aumentar en los próximos años el número de jubilados que demandarán una pensión. El problema se vuelve más grave cada vez que ingresa un nuevo trabajador, pues el sistema no le está garantizando el pago de la pensión en el largo plazo, ya que para que eso suceda, deberá haber, después, más trabajadores que serán quienes financien a estos que ahora ingresa.

  La existencia del déficit implica un riesgo para la existencia del IPE, que sólo puede eliminarse en el corto plazo reduciendo la brecha existente entre los egresos y las aportaciones, la cual requiere incrementar las aportaciones que realizan trabajadores y patrones, en una magnitud que, en los próximos 20 años, garantice que se puedan cubrir los beneficios de los hoy beneficiados con una pensión y los que se acumulen. De lo contrario, el déficit deberá ser cubierto con recursos presupuestales del gobierno del estado, lo cual representa una seria amenaza para la estabilidad de las finanzas públicas estatales.

Esta brecha entre ingresos y egresos se puede observar el comportamiento de los pagos futuros de pensiones y las aportaciones futuras como proporción del valor de la nómina de pensionados. Y donde se observa que dicho diferencial (déficit actuarial) se agranda en la medida que los ingresos por aportaciones permanecen constantes, y los egresos se incrementan, formando una “joroba” que alcanza sus puntos más altos en el período 2025-2040, momento en que las pensiones representarán un monto muy superior a lo recaudado por cuotas y aportaciones.

  Esta tendencia duplicará el déficit actual en 2025, cuando sería de 6,015 millones de pesos y lo cuadruplicará en 2045 al llegar a 16,675 millones de pesos, monto que se alcanzará cuando el trabajador que hoy está iniciando a cotizar, tenga la antigüedad suficiente para jubilarse. Es decir, con un déficit de esa magnitud y sin modificar las condiciones actuales en que se financia el pago de las pensiones, un trabajador que inicie a cotizar hoy, no tendrá asegurado el pago de su pensión cuando obtenga la antigüedad y la solicite.

  Hasta el momento, el único mecanismo que ha garantizado el pago del déficit de pensiones ha sido el uso de recursos presupuestales del Gobierno del Estado. Sin embargo, continuar así pone en riesgo las finanzas públicas estatales porque entraña problemas en la asignación y uso del presupuesto, ya que año con año, esa cantidad es mayor y el Gobierno  se ve obligado a obtenerla reduciendo el presupuesto de otras dependencias o programas públicos, como atención a la salud, educación, infraestructura, atención a los pobres, mejoramiento del bienestar, seguridad pública, etcétera; lo que en la práctica significa dejar de construir escuelas, clínicas, hospitales, carreteras, puentes, infraestructura en general y limitar la compra de medicamentos, subsidios a los pobres y adultos mayores, dejando de favorecer, con ello, a millones de veracruzanos y provocando un fenómeno de regresividad en el gasto público porque el beneficio de los recursos públicos se concentra en una reducida cantidad de personas, muchas de las cuales obtienen pensiones muy elevadas. Así, por ejemplo, en 2018 el pago de 610 pensiones mayores a 50 mil pesos representa un monto de 470.8 millones de pesos, lo cual equivale a 21% del subsidio que otorga el Gobierno del Estado al IPE, que este mismo año es de 2,261 millones de pesos.

Asimismo, una mayor asignación de recursos públicos para el pago del déficit de pensiones también limita la posibilidad de ampliar el empleo público por la vía de una mayor contratación de personal o la basificación de quienes hoy trabajan por contrato o son eventuales, y por lo mismo, restringe la posibilidad de ampliar la base de contribución y el fortalecimiento de la capacidad de pago de las pensiones presentes y futuras, dado que son los empleados de gobierno los que con sus cuotas y aportaciones contribuyen a dicho pago. Esto ubica al sistema de pensiones en un “círculo vicioso” que lo pone en riego de un colapso, porque la lógica del sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional exige que crezca permanente el número de trabajadores en activo, pero si los recursos para contratación se ven limitados, (porque rivalizan en su uso con el pago de las pensiones) ese número no crecerá y tampoco lo harán el monto de cuotas y aportaciones, lo cual debilita la capacidad financiera para pagar pensiones y amplía la necesidad de utilizar recursos presupuestales del gobierno estatal para tal propósito.