Por el número de delitos sexuales y feminicidios ocurridos en los últimos cuatro años en Veracruz, todo parece indicar que los tres niveles de gobierno han sido rebasados también por los generadores de la violencia de género.

Algo más, mucho más, deberán hacer las organizaciones feministas convocantes de marchas y paros de brazos caídos, como las de este domingo 8 y lunes 9, ya que pese a estas manifestaciones las mujeres siguen siendo violadas y asesinadas arteramente, como ocurrió el sábado anterior en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, de Boca del Río, donde una jovencita de 16 años de edad, con 39 semanas de embarazo, fue ultimada a balazos frente a sus familiares; mientras que en Juan Díaz Covarrubias, la principal congregación de Hueyapan de Ocampo --el terruño natal del diputado morenista Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado--, era secuestrada una treintañera tras la ejecución de su tío en el interior de su domicilio.

¿Qué más deberán hacer ya que pese a que desde el 23 de noviembre de 2016 fue instaurada la Alerta de Género en 11 municipios veracruzanos, en 2017 en estas localidades el número de casos de delitos sexuales se disparó en 154 por ciento, comparado con la tasa de crecimiento del año anterior?

Y es que en ese mismo lapso, en Poza Rica, por ejemplo, aumentó en 3 mil 033 por ciento el número de denuncias, mientras que en el puerto de Tuxpan creció 1 mil 433%.

En los últimos cinco años, entre enero de 2015 y enero de 2020, Veracruz registró un total de 461 feminicidios, ocupando el primer lugar nacional en este tipo de crímenes de odio.

De hecho, durante 2017, en el primer año del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, se cometieron 100 feminicidios, superando la cifra total de asesinatos cometidos contra mujeres entre 2015 y 2019 en 21 de las 32 entidades del país.

Tan solo durante 2019 se documentaron 159 casos, la cifra más alta de cualquier otro año.

Sin embargo, no obstante las Alertas de Género declaradas en Veracruz y otras 18 entidades del país --entre ellas el Estado de México, la única de todas que tiene doble alerta--, los delitos y crímenes contra las mujeres siguen creciendo porque según expertas como la doctora Alicia Pérez Duarte, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el problema no es el mecanismo mismo, que está diseñado para que se generen políticas públicas de prevención y acceso a justicia, sino que "el problema es que no hay voluntad política para diseñar las políticas de prevención, y como no hay voluntad política para diseñarlas, menos para aplicarlas".

Lo cierto es que pese a la Alerta de Género decretada desde noviembre de 2016, en Veracruz se ubican 9 de los 20 municipios del país con las mayores tasas de feminicidio: Río Blanco, Emiliano Zapata, Agua Dulce, Huatusco, Coatepec, Tihuatlán, Tierra Blanca, Acayucan y Coatzacoalcos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En total, en el territorio veracruzano se registraron 159 feminicidios el año pasado, que representan el 16 por ciento de los 980 sucedidos en toda la República Mexicana. 

Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana (UV) y coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres en Veracruz, declaró al diario REFORMA que el entorno de impunidad en la justicia hace pensar que en la entidad es muy fácil matar a una mujer. 

"Pareciera que es muy fácil en Veracruz matar a una mujer, sólo aquellos casos donde se cometen hechos en flagrancia es donde se captura a los feminicidas. Las carpetas las arman con lentitud, prefieren llevarlas hacia el campo de homicidio", dijo Casados al reportero Oscar Uscanga, del diario capitalino. 

"Los jueces y juezas no cuentan con una debida perspectiva de género, salvo honrosas excepciones, hay una gran misoginia de la mayoría de jueces y juezas", lamentó la académica de la UV.