Por fin, el escandaloso caso de las cámaras de vigilancia instaladas a finales de la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes  Linares --que según el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el estado de Veracruz, y sus convenios modificatorios, se estableció un periodo de ejecución de 252 días que concluían el 16 de agosto de 2018, sin que a la fecha de la auditoría se concluyera la entrega y puesta en operación de la totalidad de los bienes adquiridos, ni se finiquitara el contrato o, en su caso, se aplicaran las penas convencionales correspondientes, por lo que la nueva gestión del gobernador Cuitláhuac García inició las gestiones del proceso de rescisión--, está por ser sancionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hace un par de meses, con fecha 16 de diciembre de 2019, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, directora general de Fiscalización a Fondos Federales, de la Contraloría General del Estado, envió el oficio número CGE/DGFFF/3778/12/2019 al licenciado Juan Carlos Hernández Durán, director general de Auditorías a los Recursos Federales Transferidos "A" del máximo órgano fiscalizador del país, mediante el cual le remitió "información para la atención de resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría 1583-GB-GF." 

La funcionaria de la CGE envió copia fotostática del oficio número ST/1544/2019, fechado el 13 de diciembre pasado, en el que la licenciada Aurora Lara García, Secretaria Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, remitía documentación e información solicitada  en tres CD's certificados; también se incluía copia fotostática del oficio número SSP/UA/DRF/7976/2019, fechado igualmente el 13 de diciembre anterior, en el que Ulises Rodríguez Landa, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, enviaba a su vez información certificada y dos CD's certificados.

Hasta el momento, el monto pendiente de aclarar asciende a 349 millones 775 mil 736.68 pesos, de los 350 millones que fueron transferidos por la Federación al gobierno de Yunes Linares para el programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz.

Para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, la Contraloría General del Estado inició el año pasado el procedimiento bajo el expediente número OICSSP/DTyA/095/2019, pues al revisar el contrato número SSP-UA-111/17 verificó que el Gobierno del Estado había pagado más de 1,044 millones de pesos con diversas fuentes de financiamiento, entre ellos los fondos transferidos por el gobierno federal, sin que el contrato y los convenios estipularan la cantidad de bienes adquiridos; además se detectó que en las facturas emitidas por el proveedor no se registraron los números de series y de identificación de los bienes. 

También se verificó físicamente que en los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín, y el C-5 del puerto de Veracruz, no hubo entrega formal de los bienes, ya que no se identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos; además, el funcionamiento de las cámaras instaladas no fue óptimo, ya que la mayoría no funcionaron correctamente o no recibían la señal. 

EL C-4 EN MANOS DE LUTERO

Por cierto, en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), de Xalapa, acaba de ser designado provisionalmente como encargado Valentín Rosas, de quien se dice que estaría implicado en este megafraude de las videocámaras de vigilancia, pues laboró en el C-4 de Cosoleacaque y Pánuco.

Quienes llevan al menos ocho años en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado le reconocen su habilidad para los negocios, razón por la que habría logrado transitar de la administración priista del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa a la de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, y ahora a la de MORENA.  

Rosas sustituye momentáneamente a Felipe Daniel Castro Girón, quien a pesar de su antigua y estrecha relación personal con el gobernador Cuitláhuac García fue destituido como director del C-4 debido al escándalo que protagonizó el pasado fin de semana por golpear y fracturarle la nariz a su esposa, quien paradójicamente labora en la Unidad de Atención a la Mujer.

Dicen que precisamente por la amistad y confianza que le prodigaba el mandatario veracruzano, Castro Girón solía acordar directamente con él, brincándose al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Sin embargo, el Jefe del Poder Ejecutivo no le perdonó a su amigo la violenta agresión a su cónyuge, pues el funcionario fue detenido y presentado ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños.

Y ni modo que lo encubriera, pues este condenable hecho se dio casualmente en plena movilización y presión de colectivos feministas que exigen frenar la ola de crímenes y agresiones contra las mujeres en el país.