Las autoridades civiles, militares, particulares, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad Coronavirus-19.
El fondo del documento es suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor del acuerdo, el cual queda sin efecto el 19 de abril del 2020.
El jefe del ejecutivo federal tomó en cuenta a ese enorme sector de la población que tiene las puertas abiertas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero excluye de manera deliberada o accidental a quienes alguna vez gozaron del Seguro Popular, transformado en el ineficiente Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Las tres instituciones del sector salud, cuentan con serios puntos de coincidencia: el creciente desabasto de medicamentos en tres de las entidades insignias presidenciales: la Ciudad de México, el estado de México y Veracruz.
El antiguo Seguro Popular cuenta con red de afiliados superior a los cuatro millones 50 mil 186 beneficiados con una línea de desabasto estimada en un poco más del 95 por ciento.
La población de Veracruz es de ocho millones 112 mil 505 habitantes, con pérdida de empleo de más de 16 mil 500 espacios laborables, 107 mil desocupados y más de 90 mil habitantes en condiciones paupérrimas.
El acuerdo presidencial no considera la presencia creciente de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entre mujeres y hombres en situación de calle, los indigentes y vendedores ambulantes sin seguridad social e ingresos fijos.
Deja a orilla del camino a esa enorme comunidad de boleros, dibujantes, pintores, discapacitados mentales, lavadores de coches, vendedores de flores, de verdura, de fruta picada, de helados, de franeleros, de perros calientes, de tamales y de atoles, de tortas y pambazos, de dulces y chocolates, de taxistas, entre otros de los muchos.
Se supone que a estas alturas de la virulencia los tres niveles de la administración pública instalaron dormitorios públicos y comedores comunitarios para mitigar las necesidades más elementales del ser humano.
No se puede retirar de la calle a quienes no se les ofrece una alternativa inteligente, hacerlo es la más clara de las invitaciones a la arbitrariedad institucional y a la respuesta violenta de ese elevadísimo porcentaje de la población sin ingresos estables.
Así la dejamos.
Sólo para tus ojos . . .
Es el momento del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la secretaría de Protección Civil (SP). |
