El próximo viernes 30 de este mes, se cumple ya un mes del asesinato de la periodista papanteca, María Elena Ferral víctima 23 en el Estado de Veracruz, sin que hasta el momento se haya informado de la detención de los responsables, materiales o intelectuales del crimen, del que luego de ocurrido, se aseguró que ya se tenían pistas, pero nada más, hasta el momento.
Pero desafortunadamente, el asesinato de María Elena Ferral no es el único y tampoco es nada exclusivo de la actual administración, ya que como diría ya saben quién, desde el pasado reciente han sido asesinados reporteros, periodistas y comunicadores, cuyo castigo a los responsables, ha sido protegido por el manto de la impunidad.
En el marco de la pandemia del COVID-19, los reporteros forman parte de ese ejército de servidores de la sociedad -que no es lo mismo que los mal llamados servidores de la nación, que si cobran por ello- que pese al riesgo que representa el ejercer su profesión, continúan trabajando, sin tener el debido apoyo económico, que deberían de recibir.
Porque, con el debido respeto, ese anuncio de que se van a dar micro créditos a micro empresarios que tengan registrados hasta 5 trabajadores en el seguro social, es pura demagogia, porque al final de cuentas lo que les entreguen que si acaso les alcanzará para cubrir un mes de sueldos, luego que pase la crisis lo tendrán que pagar.
Una noticia que no se ha difundido, es que en el vecino del norte, en los Estados Unidos esta semana les llegó un bono a todos los ciudadanos que están al corriente de sus declaraciones de impuestos, un depósito de mil doscientos dólares, más otros igual si están casados y otros quinientos dólares por cada hijo que tengan y no tendrán que devolver nada.
Pero volviendo al tema de la violencia -física y económica- contra los periodistas, de acuerdo con el reporte de la agrupación internacional ARTICLE 19 en nuestro país, la ineficiencia de las autoridades en todos los niveles, ha contribuido a que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99.13%
ARTICLE 19 considera de suma importancia que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda los cambios necesarios para la atención de estos delitos por medio de la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Además, esta organización exige a las autoridades cumplir con el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.
En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.
Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país:48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. Tan solo en los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.
El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.
Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México.
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