La Guardia Nacional fue creada a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue publicada en el DOF el 26 de marzo de 2019, mientras que su Ley Reglamentaria fue puesta en vigor el 27 de mayo de ese mismo año.
Durante ese primer año en funciones, la Guardia Nacional –cuya fundación fue justificada porque era “indispensable formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores”- para lo único que verdaderamente sirvió fue para perseguir migrantes en la frontera sur de México.
En cambio, protagonizó uno de los episodios más lamentables de la historia reciente del país, cuando fue obligada a liberar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante el fallido operativo del 17 de octubre de 2019, el día que el crimen organizado humilló al Estado mexicano.
En ese mismo periodo de un año, la violencia en el país ha crecido de manera incontrolable: en el primer bimestre de 2020 se registraron cinco mil 751 homicidios en territorio nacional, mientras que marzo cerró con tres mil 78 asesinatos dolosos y el 20 de abril se vivió la jornada más sangrienta de lo que va del sexenio, con 114 muertos en un solo día.
De seguir al mismo ritmo, el número de muertes a causa de la violencia superará por mucho las de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa –quien sacó a las calles a las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia, desatando un pandemónium- y de Enrique Peña Nieto, que no se apartó un milímetro de esa estrategia, cuyo fiasco, antes y ahora, es monumental.
Así que un año después de su puesta en operación, el presidente echó mano del Transitorio Quinto del acuerdo de creación de la Guardia Nacional para disponer de la Fuerza Armada permanente –soldados y marinos- en tareas de seguridad pública “durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto” del 26 de marzo de 2019. Lo que significa la militarización absoluta del país por lo que resta del sexenio, ya que esta disposición “concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024”.
No solo se trata de un camino antes andado y que demostró ir directo al abismo. Regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles fue por años una de las principales cantaletas proselitistas de quien hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo federal, así como una demanda de todos los sectores llamados “progresistas” que lo apoyaron, de asociaciones civiles de derechos humanos locales e internacionales e incluso de la propia Organización de las Naciones Unidas.
Pero el actual gobierno de progresista no tiene nada. Solamente es autoritario. Y en congruencia, ha decidido darle todo el poder a los militares.
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