A diferencia de los magistrados Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Fernando Charleston Salinas –contra los cuales el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz emitió dictámenes técnicos “no favorables” para ser ratificados por el Congreso local para un segundo periodo de cinco años, tal como lo establece el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado–, Víctor Manuel César Rincón, quien también está por cumplir diez años en la magistratura, ha recibido en cambio la aprobación de los consejeros pese a que ha trascendido que no contaría con cédula profesional.

El caso de César Rincón ha tenido gran resonancia hasta en algunas publicaciones de la Ciudad de México, escándalo que podría complicar su ratificación por un lustro más como magistrado.

Lo más absurdo de este señalamiento es que no es nuevo. Hace cinco años, en junio de 2015, ya se había publicado también en algunos medios una lista de seis magistrados veracruzanos, de los cuales la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenía registro profesional alguno. Entre ellos figuraba precisamente César Rincón, quien además se ostenta como “doctor”.

El caso de este magistrado veracruzano recuerda el de un juez de Puebla, José Refugio Alejandro León Flores, quien el sexenio pasado cobró fama porque actuaba por consigna del extinto exgobernador panista Rafael Moreno Valle.

Esta historia fue documentada en 2019 por el reportero Ernesto Aroche Aguilar, del portal Lado B y colaborador de La Jornada de Oriente. Y fue hasta un año después, en febrero de 2020, que el Tribunal Superior de Justicia ordenó la separación del juez. 

Todo inicia en mayo de 1989, cuando León Flores, quien llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), encargado de la redacción de proyectos de sentencia, decidió presentar un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla para obtener una plaza como juez.

El problema, sin embargo, es que no se tituló pese a que asistió a las aulas de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entre 1977 y 1982, y que presentó su examen profesional el 8 de diciembre de 1987. Y ante la obligación de comprobar su nivel de estudios se le ocurrió falsificar su título y la cédula profesional.

Al descubrirse esta situación, el juez se tituló casi 30 años después de su nombramiento. Durante tres décadas nadie en el TSJ de Puebla reparó en que uno de los encargados de impartir justicia incumplía con los requisitos legales para formar parte del Poder Judicial del Estado.

Todavía en enero de 2018, al publicarse su caso, el juez reconoció no estar titulado y presentó ante el Consejo de la Judicatura sólo un acta de examen.

Sin embargo, entre 2011 y 2016 la figura de León Flores cobró relevancia pues fue el juez que tuvo en sus manos al menos 34 casos de perseguidos políticos del gobierno encabezado por Moreno Valle, de los cuales alrededor de 24 personas lograron su liberación tras la intervención de la justicia federal.

¿A poco en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz necesitan magistrados “cachirules” para hacerle el “trabajo sucio” al Poder Ejecutivo como este juez poblano?

Lo más extraño es que pese al revuelo mediático que se le ha dado al caso del magistrado veracruzano, ni el aludido Víctor Manuel César Rincón ni la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, hayan salido a corroborar o a desmentir esta situación.