En estos tiempos de pandemia, cuando muchos negocios han cerrado sus puertas o bajado sus cortinas, dejando en el desempleo a cientos de personas que hoy deambulan por las calles pidiendo ayuda para adquirir “algo que comer o para llevar a casa alimentos”, la presencia de estos delincuentes se convierte en una loza difícil de cargar. El problema, y todos lo sabemos porque lo hemos visto, es que si los comerciantes se niegan a cumplir con el pago de la diabólica cuota, la sanción que les imponen es la vida.
Nosotros ubicamos el inicio de este problema cuando al grupo de ambulantes que operaban en los alrededores de “El Árbol”, fueron reubicados en lo que es la plaza Clavijero, un local que fue construido ex profeso en donde se encontraba la Editora del Estado.
Una mañana, a cinco meses de haber iniciado el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, camionetas con sicarios hicieron acto de presencia frente a la plaza Clavijero, mientras en los dos accesos de la avenida Clavijero se ubicaron camionetas de la policía estatal, que impidieron el paso de vehículos hacia el lugar protegiendo la criminal acción de los delincuentes fuertemente armados que recorrieron, puesto por puesto, toda la plaza advirtiendo a los comerciantes sobre el inicio del pago del “derecho de piso” y la venta de discos que ellos mismos les llevaron para sustituir los que vendían, los cuales eran producidos de manera clandestina por los comerciantes.
Apenas se fueron los delincuentes, dejando establecida la fecha para el primer cobro, los comerciantes organizados bajaron a la Plaza Lerdo con dos líderes a la cabeza para denunciar el acto criminal y exigir el apoyo del gobierno a fin de evitar que les cobraran la dichosa cuota. Por la noche, los líderes fueron secuestrados y sus cuerpos encontrados (ejecutados) por el rumbo de Miradores, como ejemplo de lo que eran capaces estos sicarios si los comerciantes se resistían a cumplir con el pago. Cuando menos la mitad de los comerciantes se fueron, cerraron los negocios y prefirieron conservar la vida a exponerse y tener que tratar con los asesinos que, obviamente, contaban con la protección del gobierno estatal.
La práctica se fue extendiendo por todos los mercados de Xalapa, y hacia comercios ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas: refaccionarias, bares, antros, talacherías, deshuesaderos y todo tipo de comercios fueron pasados a la báscula; de ellos, varios han perdido la vida por negarse a pagar este absurdo impuesto y cada que comentamos el asunto lo hacemos con toda la indignación que provoca este asqueroso negocio, ejecutado por miembros de peligrosas bandas bien organizadas, en complicidad con mandos policíacos. Los comerciantes de Xalapa están a merced de la delincuencia desde hace cuando menos quince años, y no se atreven a protestar o denunciar (menos) porque ya saben con quienes tratan… ¿se acabará algún día con este grave problema?... Esperemos.
La policía municipal dispuesta
En relación al asunto anterior, el cobro del derecho de piso, hace unos días el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, además de buzo de Los Lagos, Francisco Felipe Villa Campa, se aventó esta esperanzadora declaración: “En el Ayuntamiento de Xalapa no se solapará ni permitirá ningún acto fuera la ley, por lo que se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho irregular ante los órganos de control interno del Gobierno Municipal para que se proceda conforme a derecho y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes”, en referencia directa al problema que padecen los pobres comerciantes.
Felipe Villa negó tajantemente que la policía bajo su mando incurra en estos actos de extorsión, cobro del derecho de piso, lo que deben confirmar los afectados para que deje de ser una pose demagógica clásica de las personas que ocupan cargos como el del jefe policíaco, quien afirma que por indicaciones del presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero no se permitirán actos de corrupción y cualquier elemento que actúe fuera del marco legal debe ser denunciado ante las instancias correspondientes para que se le investigue y en su caso sancione y separe del cargo.
Además, mencionó que se puede recurrir a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar malas prácticas de los servidores públicos.
“En nuestro caso, desde hace mes y medio estamos operando el Centro de Control y Comunicación. A través del número telefónico 2281650933, que funciona las 24 horas, el área de Asuntos Internos da seguimiento a las denuncias ciudadanas. La consigna es no permitir abusos a la población, a la que se les apoya jurídicamente y da acompañamiento para que presente su denuncia”.
Y ya encarrerado el delfín de Los Lagos, invitó a los ciudadanos a confiar en el modelo de proximidad y a denunciar los comportamientos que puedan afectarlos, ya que ésta es la única forma de prevenir y evitar malas prácticas.
Buenas noticias en el ISSSTE
Desde este miércoles 29 de julio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dispersa mil 335 millones de pesos entre más de 92 mil 365 trabajadoras y trabajadores de base y confianza del organismo, a través del Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac), el cual corresponde a los ahorros obtenidos y rendimientos generados a lo largo del ejercicio 2019-2020.
Lo anterior lo dio a conocer el director General, de la institución, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien aclaró que el pago del Fonac se realizará a partir del 29 de julio en todo el país, cumpliendo con la finalidad de fomentar el ahorro en los servidores públicos y fortalecer la economía familiar de la derechohabiencia, especialmente en este periodo de contingencia sanitaria, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La derrama financiera del Fondo de Ahorro es resultado de la colaboración conjunta entre el ISSSTE, SNTISSSTE y los servidores públicos; representa un pago promedio de 14,500 pesos para cada trabajadora y trabajador. De los recursos entregados por el Fonac a los empleados públicos, destacó Ramírez Pineda, 49.29 por ciento es aportado por el Instituto, 39.44 por ciento proviene de los trabajadores, 2.81 por ciento corresponden a las aportaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto (SNTISSSTE) y el 8.46 por ciento son rendimientos obtenidos por el fideicomiso.
REFLEXION
Los promotores se quedaron con las ganas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la despenalización del aborto en Veracruz… La vida es primero. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
