Ismael Domínguez Conde, de 42 años de edad y Yeraldi Cortés Pérez, de 38 años, laboraban en el área administrativa del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Ambos fueron reportados como “desaparecidos” por sus familiares y por ello se difundieron fichas informativas, en las que se apuntaba que habían sido vistos por última vez en Boca del Río, luego de que concluyeron su jornada laboral. Ambos portaban el uniforme de la corporación: camisa color caqui con logotipos de la Fuerza Civil, pantalón verde y botas marrón.
La madrugada de este domingo, sin embargo, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida, arrojados a un costado de la carretera que comunica a Papantla con Gutiérrez Zamora, a la altura de la comunidad Totomoxtle. Los cuerpos estaban cubiertos con bolsas negras y sujetados con cinta de aislar.
Horas más tarde se confirmó que se trataba de los dos empleados de Seguridad Pública que estaban desaparecidos.
Son los actuales, momentos muy complicados para la procuración y aplicación de justicia, para la lucha contra los grupos delictivos que cada día se hacen más fuertes, pero además, cada día son más los que se atreven a retar a las fuerzas del orden.
No son tiempos para dudar, no son momentos para distraernos en guerras internas entre las instituciones, que sólo nos distraen del objetivo primordial, que es garantizar paz y justicia a los ciudadanos.
Para aquellos que se lamentan de la situación que vive el Poder Judicial de Veracruz y que aseguran que “hemos tocado fondo”, sólo hace falta que levanten su mirada y se enteren de lo que sucede en otros puntos de este país.
Apenas la semana pasada, a petición expresa del gobernador Jaime Bonilla Valdez, la fracción de Morena en el Congreso de Baja California aprobó la desaparición del Consejo de la Judicatura, además de otorgar el aval para que sea el propio gobernador quien proponga a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Con la reforma avalada en el Congreso local, se otorga al titular del Poder Ejecutivo la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Superior a través de una terna que será enviada al Congreso.
Aunque la mayoría de los votos los otorgó Morena, por tercera ocasión tres legisladores de dicho partido votaron en contra de los cambios. Al final, el Congreso aprobó la reforma con 17 votos a favor y 8 en contra.
En lugar del Consejo de la Judicatura, el Congreso avaló la creación de una Junta de Administración y Vigilancia.
La diputada Araceli Geraldo (Morena), a quien la propia coordinadora de su bancada -y operadora de Bonilla- Montserrat Caballero, la desplazó como presidenta de la Mesa Directiva del próximo periodo ordinario de sesiones, consideró que los cambios le dejan al gobernador la decisión de designar a los nuevos miembros prácticamente de manera unilateral, ya que no habrá convocatoria.
Por su parte, la diputada del PAN, Eva María Vázquez, dijo que la reforma en lugar de fortalecer al Poder Judicial, lo debilita.
En Veracruz un diputado de Morena, Raymundo Andrade presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con la evidente intención de debilitar la figura del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y sin el menor rigor metodológico sugirió cambios absurdos que de inmediato recibieron como respuesta la descalificación de colegios de abogados y de investigadores en materia de Derecho.
Es evidente que la iniciativa no fue redactada por Raymundo Andrade (ingeniero agrónomo y técnico laboratorista) pues no tiene la menor idea de las barbaridades que incluía su propuesta, al grado de que, cuestionado sobre las críticas a ese documento, prometió que “se escucharán todas las voces”.
Tampoco entiende que “todas las voces” deben ser escuchadas antes de presentar la iniciativa, no después.
De haberlos escuchado antes, con seguridad le habrían aconsejado que no la presentara.
El Poder Judicial enfrenta presiones que jamás se habían hecho sentir, y como consecuencia de ello, se ha estancado el funcionamiento de la institución encargada de velar por la seguridad jurídica de los veracruzanos.
Hoy más que nunca antes, cuando todos enfrentamos desde nuestra trinchera la crisis sanitaria que nos azota, es preciso que se dejen a un lado las mezquindades y se trabaje por consolidar las instituciones que le dan viabilidad a nuestra sociedad.
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Epílogo.
El diputado Erick Iván Aguilar consiguió, mediante un amparo, que lo trasladaran del reclusorio de Pacho Viejo al Hospital Civil de Xalapa, para recibir la atención médica que requiere. *** Érick Aguilar fue desaforado por la actual Legislatura y detenido luego de que compareció a una audiencia en los juzgados de Pacho Viejo. Tras su detención se le impuso como medida cautelar prisión preventiva, a pesar de que los delitos que se le imputan no ameritan la cárcel. *** El diputado se quejó de la omisión de la Juez de Control del Juzgado de Pacho Viejo y del Director del reclusorio, pues no le dieron importancia a su delicado estado de salud. *** Un Juez federal ordenó a las autoridades responsables proporcionar de inmediato la atención médica que requiera la parte quejosa, con el fin de salvaguardar su salud. Además, les dio un plazo de 24 horas para que le informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión. *** Y a propósito de la forma en que fue detenido el diputado, algo parecido le sucedió a un joven paramédico del grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien se le citó para que declarara ante la Fiscalía, sobre el homicidio de su compañera de trabajo Blanca Yadira Hernández, ocurrido el pasado 24 de junio. *** Justo cuando abandonaba las instalaciones de la Fiscalía ya lo esperaban más de una docena de agentes de la Policía Ministerial quienes lo sometieron y le informaron que contaban con una orden de aprehensión en su contra. *** Aunque no se ha informado oficialmente de este caso, ha trascendido que el joven (del que no se dieron sus datos) está señalado de ser el autor material del crimen, pero que también se presume la existencia de un autor intelectual. No se trata –revelaron- de un crimen pasional. Fueron otras las motivaciones. *** El registro de casos confirmados de Covid-19 llegó a 439 mil 046, de los cuales 4 mil 853 se sumaron durante el domingo, y las defunciones subieron a 47 mil 746 con 274 agregadas entre sábado y domingo. Hay 83 mil 119 personas con sospecha de tener el coronavirus, pero desde el inicio de la pandemia en el país ya se ha rebasado el millón de individuos que han tenido esta condición, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología. *** En cuanto a la ocupación hospitalaria de las camas generales, el mayor nivel se registra en Nuevo León con 74 por ciento y 65 respecto de las que tienen ventilador. Le siguen Nayarit con 74 por ciento en las camas generales y Coahuila con 67 y Tabasco 64 por ciento. De las camas con ventilador después de Nuevo León están Tabasco (57 por ciento) y Veracruz (56 por ciento) de ocupación.
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