De junio a julio el gobernador Cuitláhuac García Jiménez subió un punto –de 28.9 a 30.2%– en la aprobación ciudadana a su gestión, de acuerdo con la última encuesta de Mitofsky para El Economista.

Es innegable que, finalmente, creció en su aprobación, pero también que se trata de un aumento pírrico que no lo saca del antepenúltimo lugar de todos los gobernadores del país, esto es, que está entre los tres últimos, solo arriba de sus homólogos de Colima (28.8%) y Morelos (17.3%). 

Para dar una idea del irrelevante lugar que ocupa entre los 32 gobernadores del país basta citar que el gobernador mejor aprobado, Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, del PRI, tiene un porcentaje de 69.7%, ya rayando el 70%.

Eso cuando corre agosto y estamos a nueve meses y días de las elecciones más grandes de la historia de México, en las que en Veracruz se disputarán 212 alcaldías, 50 diputaciones locales (30 de mayoría relativa o uninominales y 20 plurinominales), así como 20 federales.

La baja aprobación que tiene el gobernador puede ser un anticipo de que la tendencia electoral le puede ser desfavorable a MORENA, si se toma en cuenta que el gobernante siempre es el referente como líder –se supone– político que es, además porque esta vez Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta para jalarlos hacia arriba.

En todo caso, ya no tendrán la abrumadora mayoría que obtuvieron en julio de 2018.

El mandatario estatal no repunta y en su administración, en lugar de acciones y decisiones que lo ayuden a mejorar su imagen ante el electorado, continúan saliendo a la luz pública hechos que descalifican su gobierno y que pueden terminar pesándoles en las urnas.

La reportera Noemí Valdez (Notiver) publicó ayer copia de un contrato por 5,044,942.08 pesos de servicio de lavandería para la red hospitalaria de Servicios de Salud de Veracruz que la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Ramos Alor, adjudicó en forma directa, sin licitarlo, a una empresa que resultó ser propiedad del Secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.

En el Estado hay empresas o empresarios que pueden realizar ese trabajo. Por adjudicación directa se le pudo haber otorgado a un veracruzano. Haberlo hecho como lo hicieron da pie a pensar que se está ante un caso de corrupción con moches de por medio, es decir, de un jugoso negocio, pues la Ley de Adquisiciones de Veracruz prohíbe la adjudicación directa de contratos por cifras mayores a 101 mil pesos, investigó la reportera.

Se dijo que ese tipo de cosas era propio del PRI y que los que llegaron, y están ahora, eran la pureza andando y que no iba a suceder más. El documento lo desmiente. El ciudadano y potencial elector toma nota. ¿Alguien piensa que así van a ponerles una nota aprobatoria, que van a repuntar y que volverán a confiar en ellos en las urnas?