En la Secretaría de Turismo Marichuy Díaz formaba parte de una cofradía muy familiar. Leticia Perlasca era entonces pareja sentimental de Mónica Camarena, y Claudia Camarena era pareja de Maribel Chuy Díaz, “Marichuy”. Entre estas cuatro se repartían el botín de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Javier Duarte. Dos años estuvieron haciéndolo hasta que se descubrió y documentó el tráfico de influencias y la corrupción en esta Secretaría. Empresas de Mónica Camarena recibían pagos millonarios por parte de Sectur. Las empresas de la señora Camarena tenían el mismo domicilio fiscal que la propia Leticia Perlasca, entonces secretaria de Turismo. Participando de ello estaba Marichuy Díaz, quien era la encargada Jurídica de Sectur. Los trabajadores comentaban de los pleitos que había entre Mónica Camarena, pareja de la secretaria, con la encargada Jurídica, pues la pareja de la secretaria quería ser directora de Cinematografía, cosa que se vería muy mal y que nunca le permitieron. Pues esta Marichuy Díaz es ahora la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, justo la que está atrás de todo el borlote jurídico de magistrados a los que se les debe restituir. Marichuy, ahora lo sabemos, se presta a cualquier tipo de juego ilegal que pongan enfrente. Lo hizo en el IVEC, en Cobaev, en Sectur y ahora en el Congreso.

Dice AMLO que la vacuna de AztraZeneca se fabricará en México; ¿entonces nos olvidamos de los 50 mil muertos? ¿Y de los más de 50 mil de los próximos meses?

La verdad es una buena noticia saber que México estará involucrado en la producción de la vacuna de AztraZeneca y de l Universidad de Oxford. Si la vacuna sólo será envasada en México es lo de menos; si el proyecto estará encabezado por la Fundación Slim, ¿cuál es el problema? El caso es que para noviembre de 2020 (no para mediados del 2021 como decían los más pesimistas) México podría tener a su disposición una vacuna que permita inmunizar a millones de mexicanos. Si van primero los pobres, qué bueno, el caso es que no se lucre con la vacuna y se alivie un poco el dolor y sufrimiento que el coronavirus ha causado en México. Sin embargo, ¿nos olvidaremos de los 50 mil muertos que han ocurrido? ¿Haremos a un lado el pronóstico de otros 50 mil muertos, 100 mil en el peor de los casos? No, no podemos. Ni el gobierno federal, muy responsable por esos muertos, ni la sociedad mexicana que en muchos casos no supo ser prudente y guardarse en casa el más tiempo posible. No podemos olvidarnos de los 50 mil muertos, porque esa cifra se va a multiplicar. No hemos salido de la crisis, apenas tenemos una esperanza a la que nos podemos aferrar. Mientras tanto, no debemos bajar la guardia. 

La Estela e Luz iba a costar 200 millones y terminó costando mil millones; constructores deberán devolver 447 millones 

La Estela de Luz pretendía ser algo así como el Ángel de la Independencia del siglo XXI. Se conmemoraban los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución por lo que el momento histórico requería un emblema para recordar la ocasión. Se llevó a cabo un concurso en el que los constructores Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández resultaron ganadores de la licitación con su proyecto de la Estela de Luz. La Estela de Luz es un monumento de 104 metros de altura y de 6 metros de ancho, compuesta por un grupo de columnas de acero que sostienen dos cuerpos —uno mirando hacia el nororiente y el otro al surponiente— cada uno con seis filas de placas de cuarzo empotradas en marcos de aluminio. El costo inicial estipulado en el contrato fue de 200 millones de pesos, al final la estela terminó costando más de mil millones de pesos. Pues ahora, diez años después, a Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TSJA) ordenó a los constructores devolver a la Hacienda Pública Federal la cantidad de 447 millones de pesos por simular la compra de acero inoxidable a un costo más alto para la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz. Y les va a salir barato. Pues si de entrada se tenían presupuestados 200 millones para el proyecto, al final fueron 800 millones de pesos más, lo que significó un daño considerable al erario público. Por ello AMLO quería poner una placa en el monumento para señalarlo como monumento a la corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.

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