Todas las mañanas escuchaba a mi vecino bajar las escaleras. Siempre antes de las siete de la mañana. Tenía que estar cuando abrieran el supermercado, pues era empacador voluntario. Ante la pandemia de la Covid-19, en abril, lo mandaron a su casa,  por su edad, al ser parte de la población vulnerable de los adultos mayores. A la fecha no ha regresado y de acuerdo a los semáforos, no hay para cuando.

Misma suerte sufrió otro vecino que todas las tardes atravesaba el estacionamiento para dirigirse a empacar víveres voluntariamente al mismo supermercado.

Realmente no sé si sean jubilados, pero lo que sí sé es que al ir a trabajar todos los días de empacadores, si tuvieran pensión, ésta no les alcanzaría.

Se tienen referencias que alrededor de 35 mil mexicanos entre los 60 y 74 años son los que trabajan voluntariamente en los supermercados, ganando en promedio 200 pesos diarios; al ser voluntarios no cuentan con prestaciones de seguridad social ni con un sueldo fijo... ¡vamos! ni con medio salario.

Algunos supermercados han sido solidarios con ellos y cuando pagas tu súper, te preguntan si quieres donar a los empacadores voluntarios. Te lo incluyen en tu ticket de compra. Algunos otros tienen un recipiente transparente con etiqueta para ellos donde puedes donar unas monedas.

¿Pero acaso lo donado les alcanza para cubrir sus necesidades básicas?

En México no existen políticas públicas para la atención de los adultos mayores y aunque por parte de Gobierno Federal existe un apoyo monetario bimestral, los dos mil seiscientos veinte pesos que les entregan mediante los programas de Bienestar, son insuficientes para poder tener acceso a una alimentación de acuerdo a su edad o para tener servicios médicos geriátricos.

Llama la atención que en plena pandemia, el pasado 30 de julio, el Congreso local de Veracruz decidió abrogar la Ley 223 que reconocía el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tenían ningún ingreso y que no contaban con la protección de los sistemas de seguridad social, a recibir una pensión alimenticia por parte del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que consistía en 5 mil 544 pesos cada tres meses. El argumento de los diputados era que al recibir el apoyo federal y estatal, el ingreso estaba duplicado. Recordemos que el estado les pagaba mil ochocientos cuarenta y ocho pesos mensuales contra mil trescientos diez que reciben actualmente.

Bueno, eso sí están inscritos en el padrón federal.

Lo que llama la atención es que las pensiones para adultos mayores ya estaban presupuestadas y aprobadas por el mismo Congreso del Estado para este año 2020. ¿Qué pasará con ese recurso?

Urgen políticas públicas para proteger a los adultos mayores pues de acuerdo a las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo) Veracruz tendrá 50 adultos mayores por cada 100 jóvenes, dato que se agravará con la pandemia pues ya en algunas empresas empiezan a liquidar a los adultos mayores que trabajan con ellos, por considerarlos población vulnerable.

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