Es una vieja práctica en la política mexicana:
Cuando se trata de dañar el prestigio, la imagen de un personaje político se le inventa la comisión de un supuesto delito. No importa que no haya elementos suficientes para conseguir una sentencia ante un juez, con someter la historia inventada al escrutinio de la sociedad, es suficiente para conseguir el objetivo.
El primer ingrediente de esta fórmula es conseguir un testigo “de mucho peso”, alguien –ese sí- que haya cometido graves y comprobables delitos, de manera que con una simple extorsión se le obligue a decir todo lo que se requiere, a cambio de privilegios tan grandes como su propia libertad y el pleno goce del producto de sus actos ilícitos.
Con la denuncia presentada por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin (y filtrada a los medios de comunicación y redes sociales por la Fiscalía General de la República, luego de una “respetuosa sugerencia” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se haga pública toda la información que genere este proceso) el gobierno de Morena está recurriendo a esa añeja estrategia. Utilizar a un delincuente “de poca monta” para dar con los verdaderos autores intelectuales de los delitos que se le imputan.
Las argumentaciones del propio Lozoya y de sus abogados ya habían salido a la luz hace tres semanas:
“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se me aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan (…) Quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, (que) fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado (…) Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.
Así revelaba Emilio Lozoya los acuerdos a los que había llegado con la administración de López Obrador: Su libertad a cambio de que señale como los verdaderos autores del saqueo del país, a personajes del más alto nivel en los últimos gobiernos eanados del PRI y del PAN.
En su primera audiencia sus abogados hicieron un resumen de la historia comstruida alrededor del exdirector de Pemex, de manera que pase de ser considerado un sujeto corrupto, un delincuente “de cuello blanco”, a una víctima del sistema.
“El señor Emilio Lozoya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social del día de hoy (…) En su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban, todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR”.
En su denuncia Emilio Lozoya admite la comisión de delitos de corrupción, pero se justifica al sugerir que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado” para incurrir en esos actos ilegales.
La cuestión es: No hay evidencia documental para sustentar los señalamientos que ha hecho contra otros personajes de la administración pública. Se entiende que las instrucciones que dice haber recibido para desviar recursos, favorecer empresas, comprar votos legislativos y defraudar al tesoro de México, fueron –en todos los casos- verbales, sin que haya registro alguno para demostrar su existencia.
La existencia de una videograbación en la que aparecen exservidores públicos contando grandes sumas de dinero, sin que se perciba en su plática alguna exigencia o compromiso para la comisión de un delito, poco o nada aporta al enjuiciamiento de los personajes señalados por Emilio Lozoya.
¿Cuál será, entonces, el beneficio de toda esta “tragicomedia” (como la bautizó el propio Presidente)?
El escándalo mediático, que se puede materializar en menos votos para las fuerzas políticas que cobijaron a los imputados, y más votos para el autodenominado “adalid contra la corrupción”.
¿Cuánto vale la palabra de un delincuente confeso?
¿Cómo acreditar que no está haciendo tales señalamientos a partir de una consigna, de un acuerdo con quienes hoy dirigen al país y que son enemigos políticos de los señalados en la denuncia de Emilio Lozoya?
¿Judicializar la política o politizar la justicia?
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Epílogo.
A propósito de este “affaire jurídico”, este jueves el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió y sometió a investigación al secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito en Chiapas, Amos José Olivera Sánchez, quien otorgó un amparo definitivo contra la orden de aprehensión a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA). Olivera Sánchez actuó como juez en esta resolución pues el titular de ese Juzgado se encontraba de vacaciones. *** Amos José Olivera determinó que el delito de lavado de dinero que se le imputa a Alonso Ancira (a quien se le sigue un procedimiento de extradición desde España) prescribió el 29 de noviembre de 2015 y que la orden de aprehensión en su contra se le violaron los derechos a la seguridad jurídica, libertad personal y el debido proceso. *** Sin embargo, el Consejo de la Judicatura explica: “La suspensión se da porque el secretario en funciones declaró la prescripción de cierta acción penal, cuando ya otro Juzgado de Distrito en la Ciudad de México había resuelto, previamente, que dicha acción no se encontraba prescrita. La resolución del juzgado de la CDMX, es importante aclarar, la conocía plena y formalmente el Secretario en funciones al momento de emitir su resolución”. *** La resolución de Olivera Sánchez se puede impugnar y se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) presente una apelación a dicha sentencia dictada el pasado 13 de agosto. *** Mientras tanto, acá en la aldea, luego del escándalo que se provocó por la detención del alcalde suplente de Actopan José Alfredo López Carreto, la tarde del miércoles, pocas horas después, en la noche del mismo día de su detención, un juez decidió que la Fiscalía no logró comprobar la acusación en su contra por presuntas amenazas y ordenó que lo dejaran en libertad. Atrás de este flagrante acto de abuso de autoridad, estaría la intención de inhabilitarlo para asumir la presidencia municipal de Actopan.
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