“… si ya se efectuaron actos que hayan modificado la situación que el quejoso tenía entonces, esto es, si se le separó, cesó o retiró del cargo de magistrado o se ejecutó cualquier otro acto tendiente a ello; deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de retrotraer las cosas a la situación que subsistía cuando fue concedida la medida suspensional y, en su caso, restituir al quejoso en el cargo como magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz”.
Las piezas empiezan a embonar. Las instituciones encargadas de impartir justicia en el país, cumplen con su labor y exhiben las flagrantes y persistentes violaciones al marco jurídico en Veracruz.
El texto arriba transcrito corresponde a la respuesta del juez federal al recurso promovido por el magistrado Marco Antonio Lezama Moo, luego de que la LXV Legislatura dispuso su sustitución en el cargo, a pesar de que le había sido otorgada la suspensión del acto reclamado.
Para justificar la violación al amparo, la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Georgina Maribel Chuy Díaz, envió un oficio al titular del Juzgado 18 de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez en el que le informa “la imposibilidad que tienen para dar cumplimiento a la suspensión definitiva, en el tiempo que le fue otorgado, en razón que el procedimiento tanto administrativo como legislativo para que el Congreso pueda determinar lo concerniente en relación con el requerimiento efectuado por este juzgado, no es posible efectuarlo en tres días”.
El juzgador federal tomó nota de la justificación del Poder Legislativo, pero dispuso que procedieran a restituir al magistrado en su cargo y le explicó cuál sería el criterio para cumplir en tiempo con tal disposición:
“Por cuanto hace al plazo que tienen para cumplir con la medida suspensional que ocupa, dígase que, a partir de la notificación de este proveído, deberá informar cada tercer día, las acciones que esté implementando para dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada y, que el cumplimiento total de ésta, no deberá exceder del término de diez días; pues en caso de incumplir con lo anterior, sin que medie determinación alguna, se hará efectivo el apercibimiento que se decretó en autos, motivo por el cual, no es factible dejarlo insubsistente”.
Lezama Moo asumió el cargo de magistrado por un período de hasta 10 años, en junio de 2014, sin embargo le fue aplicada una disposición incorporada a la Constitución local varios años después de su designación, en la que se establece que los magistrados, al cumplir los 70 años de edad, deben dejar el cargo, sin importar que no hayan cubierto los 10 años para los que fueron designados.
En virtud de que se aplicaba en su perjuicio, de forma retroactiva, dicha reforma, Lezama Moo decidió buscar la protección de la justicia… y ganó.
Una vez que concluyó el período ordinario de la Legislatura local, será en la próxima sesión de la Diputación Permanente en la que se habrá de agendar la restitución en su cargo del magistrado Lezama Moo, quien ya había sido sustituido por María Lilia Viveros Ramírez, a propuesta del gobernador.
Este tipo de “pifias” del Poder Legislativo dejan secuelas, pues María Lilia Viveros ya cumplió con todos los requisitos para ser magistrada (fue propuesta por el gobernador, aprobada por la mayoría calificada del Pleno de la Legislatura y rindió protesta en el Tribunal Superior de Justicia) y ahora resulta que no existe la vacante que le habían encomendado ocupar.
En legítima protección de sus derechos ciudadanos, tendrán que ratificarla como magistrada y crearle un espacio, lo que habrá de impactar en el presupuesto del Poder Judicial.
Y este es apenas el primer caso. Hubo otros dos magistrados que ganaron amparos antes de ser sustituidos y con seguridad van a seguir los pasos que ya les marcó Marco Antonio Lezama Moo.
Hay errores que salen muy caros.
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Epílogo.
Y comenzó el circo de Emilio Lozoya, delincuente confeso que es utilizado por la 4T como instrumento de propaganda con miras a las elecciones del 2021. *** Las primeras “revelaciones” que habría hecho el exdirector de Pemex, fueron divulgadas este martes por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien informó que Emilio Lozoya (quien sigue en libertad) presentó una denuncia en la que admite que recibió dinero, pero señala que se lo entregó entregó a diversos políticos y asesores “por orden de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray”. *** Hay un temor bien fundado entre los abogados de Veracruz de que en los próximos días el Poder Judicial del Estado anuncie una nueva prórroga a la reanudación de actividades en los juzgados de la entidad. *** La última fecha tentativa para que los juzgados retornen a sus funciones normales fue el 17 de agosto, pero ya han surgido versiones en el sentido de que se prolongará la parálisis del Tribunal Superior de Justicia hasta el último día del presente mes. *** Las barras, colegios y federaciones de abogados demandan ya la reactivación del Poder Judicial, pues hay procesos que están atorados y no se les está brindando acceso a la justicia a los veracruzanos.
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