Era 11 de septiebre del 2019. El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García viajó a la Ciudad de México y visitó la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para constatar los avances en la investigación de la masacre ocurrida el 27 de agosto en el bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, en un ataque que dejó como saldo la muerte de 32 personas.
Al salir de la FGR, Cuitláhuac García aseguró que “que los avances (en la investigación) son sustanciales” y que “pronto se dará información de manera pública” (sobre dichos avances).
En febrero del presente año, cuando se cumplieron seis meses de dicho ataque, familiares de las víctimas increparon al gobernador durante una gira que realizó por el sur de la entidad. Le reclamaron que su gobierno no les había prestado atención, que habían recibido asesoría legal, ni apoyo económico.
“Lo que queremos es que resuelvan el caso; no tenemos el dinero como los LeBarón, ni el apellido como ellos, pero somos gente de aquí, de Coatzacoalcos, que mataron. Las autoridades no nos dicen nada, no se han comunicado con nosotros, ya son seis meses”, expresó una de las mujeres que perdieron familiares en ese ataque.
Pasó ya un año desde aquel día en el que un grupo armado (al menos ocho sujetos) irrumpió en el bar Caballo Blanco, roció gasolina y le prendió fuego al inmueble.
Eran los tiempos en los que el gobernador de Veracruz sostenía una guerra mediática con el entonces Fiscal General de Veracruz, el hoy prófugo Jorge Winckler.
Pasaron ya 12 meses y sigue sin haber señales de una próxima solución al caso.
Con ese antecedente, ¿quién puede tomar en serio las palabras de Cuitláhuac García, pronunciadas la mañana de este jueves en Poza Rica, cuando advirtió -
al término de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz- que durante su gobierno no permitirá que “la pugna entre grupos delictivos atente contra la vida de personas inocentes”.
Como producto de un discurso que ya se sabe de memoria, de tanto repetirlo, Cuitláhuac García afirmó que hay importantes avances en las investigaciones sobre casos recientes de violencia en el norte de la entidad y que, por lo tanto, no quedarán impunes las agresiones.
“Vamos a estar vigilantes y a dar con todos los que se disputan lo que llaman plaza, misma que incluye otros municipios como Tihuatlán y Coatzintla”.
¿En serio?
¿Y los casos de Coatzacoalcos (Caballo Blanco), Playa Vicente (asesinada una familia completa), Papantla (en abril, dos mujeres adultas, una niña y un niño fueron asesinados), el de Cuitláhuac (tres familiares ejecutados), o el de Pánuco (también tres familiares, entre ellos un niño), el más reciente, apenas el pasado fin de semana, en Altotonga, familia sacrificada entre ellos un menor?
¿Qué ha hecho la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que tanto elogia el gobernador?
La inseguridad crece en zonas en las que se percibe indolencia o incapacidad de las autoridades.
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Epílogo.
A propósito de la “sensible piel” de algunos funcionarios de la llamada “4T”, vale la pena revisar lo escrito por el analista Leonardo Kourchenko: “México ha sido por décadas un espacio de pluralidad y de expresión política e ideológica diversa costosamente construido. El triunfo del actual partido en el poder y de su caudillo, son resultado transparente de ello. Atentar contra esa pluralidad y apertura es retroceder en la historia y volver a los tiempos del partido único y del poder tiránico. No debemos permitirlo”. *** Va mi saludo solidario al brillante político, excelente servidor público pero, más que todo eso, al magnífico ser humano, Juan Antonio Nemi Dib. Principio fundamental del nuevo Sistema de Justicia Penal es la presunción de inocencia, algo que solemos olvidar. *** El cuerpo sin vida de una adolescente fue encontrado (en estado de descomposición, con huellas de tortura y maniatado) la mañana de este jueves en playa “La Trocha” del municipio de Alvarado. Se presume, por sus características, que se trata de Nadia Ivon Rosado, reportada como desaparecida en el municipio de Juan Rodríguez Clara. *** Por encima de la voluntad de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martinez Huerta, los magistrados del Poder Judicial de Veracruz presentaron una acción de inconstitucionalidad para revertir el retiro forzoso a los 70 años de edad. La magistrada, Concepción Flores Saviaga, explicó que habrá que esperar para saber cuál es el acuerdo sobre el tema “porque la intención de presentarla es precisamente para informar a la Suprema Corte sobre las irregularidades que se están dando, con la intervención del Congreso local en la autonomía del Poder Judicial”. *** Flores Saviaga advirtió que “aquellos magistrados que no firmaron (la acción de inconstitucionalidad) incurrieron en una irresponsabilidad y se les podría enmarcar en el delito de “incumplimiento de un deber legal” por no apegarse a las obligaciones que la sociedad les impone al momento de rendir protesta de hacer cumplir la Constitución federal, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen. Ese tema seguirá creciendo y tendrá consecuencias muy graves.
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