Desde hace casi seis meses, a raíz del homicidio de la periodista María Elena Ferral Hernández –ejecutada a finales de marzo en Papantla–, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) supieron del despojo de ranchos y terrenos que en la región del Totonacapan venían realizando miembros del crimen organizado en contubernio con notarios públicos de esa circunscripción.  

El 6 de abril, por ejemplo, al comparecer en calidad de “testigo” Pedro Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza Civil de la cuarta región con sede en Papantla, ante el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, Lauro Ramos Olmos, el jefe policiaco refirió precisamente que en una ocasión Ferral Hernández le informó que en Tecolutla había unas personas a las que les quitaban sus ranchos, y que lo llevó con una de ellas que le mostró la que fue su propiedad, cuyo nombre no pudo recordar. “Nos dijo ese rancho era mío pero un abogado junto a un Notario me lo quitó y nos tienen amenazados, pero es la forma de operar en aquella zona, falsifican papeles con un Notario y se quedan con los ranchos”, declaró el funcionario de la SSP. 

Sin embargo, hasta la fecha nadie ha procedido contra los delincuentes ni ha investigado a estos fedatarios que se han prestado a legalizar ilícitamente ese tipo de despojos, no obstante que la fiscal Verónica Hernández Giadáns; el titular de la SSP,  Hugo Gutiérrez Maldonado, y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de quien depende directamente la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, participan casi todas las mañanas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acompañado de representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. 

Resulta inexplicable la pasividad de las autoridades estatales ante estas prácticas delictivas que tienden a proliferarse dados los megaproyectos de inversión que el gobierno federal  desarrolla principalmente en el norte y sur de Veracruz. El puerto de Tuxpan, por ejemplo, además de ser una instalación estratégica para la seguridad nacional debido al aumento del tránsito de buques tanques –hasta 800 por mes, según datos de la Dirección de Puertos de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)–, están en marcha inversiones privadas por más de 1000 millones de dólares en nuevas terminales portuarias de hidrocarburos. Y, en Coatzacoalcos, tan solo el proyecto del Corredor Transístmico que unirá al puerto veracruzano con el de Salina Cruz, Oaxaca, se destinarán inicialmente 146 mil millones de pesos para la ampliación de la zona portuaria, la modernización de la red carretera y de vías ferroviarias, así como para la instalación entre ambas entidades de 10 parques industriales conocidos como Polos de Desarrollo para el Bienestar. 

Este lunes, un diario capitalino, al resaltar el aumento de la plusvalía de las áreas que circundan la zona portuaria de Tuxpan –puerto estratégico para la economía nacional, pues por él ingresa el 80 por ciento de las importaciones de gasolina y diésel para el abastecimiento industrial y comercial del Valle de México, la metrópoli más poblada de Latinoamérica–, refirió que una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), coludida con la policía local, ha realizado al menos cinco secuestros de propietarios de ranchos y predios, entre los cuales, el más reciente, figura el caso de la hija del ex alcalde de Tihuatlán, Francisco Ortiz, quien terminó pagando el rescate con terrenos del área.

“Los dueños están siendo obligados a ceder las propiedades al grupo mafioso, incluso ante notarios del puerto, para luego ofertarlas a las grandes empresas con necesidades de expansión, inmobiliarias y otros particulares. El valor de los terrenos se está elevando significativamente ya que se encuentran en  zona considerada como reserva para el crecimiento estratégico del recinto”, publicó Julio Brito, articulista de Crónica.