El pasado viernes fue entregada a la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial para modificar la Ley del Seguro Social en materia de pensiones. Como es sabido, la médula de la propuesta es la reducción de las semanas de cotización exigidas para alcanzar la pensión mínima garantizada. Con esto se pretende que un mayor número de asegurados accedan a ese beneficio y se ataje el problema de una gran masa de mexicanos que se jubilarían con pensiones insuficientes si se mantiene intacto el esquema generado con las reformas neoliberales.

El pronóstico es que el promedio de las pensiones recibidas aumente un 40 por ciento y la proporción de trabajadores con derecho a la pensión mínima garantizada pase de 34 a 82 por ciento. Indudablemente se trata de una medida necesaria y progresista para encarar uno de los problemas más graves generados por las administraciones federales anteriores. 

No obstante, la propuesta presidencial es insuficiente. Algunos de los problemas estructurales del sistema de pensiones en México quedan en pie. Por ejemplo,  la creciente carga que representa el gasto en pensiones para las finanzas públicas, que no pudo ser reducido por la privatización a pesar de que fue su justificación central. En los últimos diez años, el gasto en pensiones y jubilaciones se duplicó, pasando de 389 mil millones de pesos en 2008 a los 805 proyectados para 2021, creciendo a un ritmo promedio anual de 7 por ciento. 

En el caso de Veracruz, las modificaciones realizadas en 2014 por Javier Duarte se basaron en la consabida inviabilidad financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).  Constituyeron una suerte de transición a un esquema de contribuciones definidas que se codificó en los artículos transitorios de la Ley 287 y se basó en una evaluación actuarial poco menos que catastrófica. 

Con cerca de 100 mil trabajadores activos y 31 mil jubilados y pensionados en aquel año, para el IPE se pronosticaba un déficit cada vez más abultado, una caída en picada de las reservas futuras del fondo a partir de 2020 y el requerimiento de subsidios a partir de 2019.  Tres factores confluían en este comportamiento: el incremento sustancial en el número de pensionados, el crecimiento en la expectativa de vida y la falta de recursos para afrontar las obligaciones del Instituto.

Actualmente, el IPE cuenta con 128 mil 690 afiliados, de los cuales 75 por ciento son trabajadores activos y 25 por ciento son jubilados. Tiene un presupuesto anual autorizado para prestaciones institucionales de 7 mil 461 millones de pesos y su nómina de jubilados en mayo de 2020 es de 547 millones 715 mil pesos. Se espera que sus ingresos anuales por cuotas y aportaciones sean de 4 mil 721 millones en números redondos. Así, el déficit en 2020 será cercano a los 3 mil millones de pesos, lo que se cubrirá con cargo a las finanzas estatales.

Esto muestra que los problemas financieros del IPE no fueron resueltos por las reformas duartistas. La promesa de “asegurar la permanencia, solvencia y operación eficaz del IPE” no fue cumplida. Los problemas siguen en pie. Y aunque es loable la intención del Gobierno del Estado de no usar al IPE como caja chica, no será suficiente. Tampoco basta con pagar las aportaciones y recargos que se adeudan de ejercicios anteriores, aunque ésta iniciativa de los actuales responsables de las finanzas debe ser saludada con beneplácito. Incluso, el incremento de las aportaciones para intentar cerrar la brecha entre ingresos y egresos, como lo han propuesto algunos especialistas, no hará sino atacar los problemas inmediatos sin resolver los estructurales.

El sistema de pensiones en Veracruz requiere una reingeniería mayor. ¿Le pondrá la administración actual el cascabel a este gato?  Si revisamos las acciones de la SEFIPLAN en otros rubros las expectativas son prometedoras. 

*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario