Duarte les pagó una pichicatería y les ofreció más trabajo, pero se fue atrasando en los pagos y el adeudo creció a 700 millones de pesos. Los empresarios comenzaron a ahogarse y lo fueron a ver, tenían deudas con sus proveedores y con los bancos. “Ayúdenos señor gobernador, nuestras necesidades son apremiantes”. “Ustedes aguanten” fue la contestación.
Y los empresarios aguantaron hasta que ya no pudieron. Algunos vendieron su maquinaria para pagar adeudos y sueldos, otros cerraron por quiebra cuando Duarte les cerró la puerta de su despacho y ya no los quiso recibir.
Miguel Ángel Yunes Linares de plano dijo que no pagaría porque no era adeudo de su administración sino de las anteriores y se las cumplió. Meses después, presionado por los afectados y la opinión pública, dijo que les pagaría, pero tendrían que justificar con papelito en mano cada tuerca que hubieran vendido al gobierno estatal. Los empresarios cumplieron y ni así les pagó.
Ya para entonces habían quebrado más empresas y algunos empresarios habían fallecido.
Con la 4T llegó el cambio, pero no para los hombres y mujeres de empresa que parecían aboneros recorriendo con sus facturas los pasillos de la Secretaría de Finanzas, la Tesorería y el Palacio de Gobierno.
Un día el gobernador Cuitláhuac García se levantó magnánimo y dijo que al fin les pagaría. Pero fue más la alharaca porque les abonó cinco millones de pesos y eso fue todo.
Cuando todo parecía perdido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 155/2020 remitida al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, en la que lo emplaza a que en un término de 15 días hábiles acepte la recomendación y tome acciones para reparar el daño. Es decir, la CEDH está emplazando a la Sefiplan a que les pague a los empresarios.
“Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la Administración 2010-2016 –sexenio de Javier Duarte-, a cargo de distintas dependencias y Entidades de la Administración Pública con proveedores y contratistas”.
Pero además, la CEDH le está poniendo una oportunidad en bandeja de oro al gobierno de Cuitláhuac para que se vista de héroe, y aparte de pagar a los empresarios que ahora son oficialmente “víctimas”, inicie procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que resulten responsables. Obviamente todos ellos de las administraciones Duarte – Yunes Linares.
Con eso, la 4T estaría anotándose un punto a su favor y mira que buena falta que le hace, lector.
¿Y el adeudo del gobierno de Fidel?
Ese ya se perdió, pero de lo perdido lo que aparezca.
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