Prefacio.

Alguien “regó el tepache” y es menester limpiar el cochinero. *** Luego de que el diputado por Morena José Magdaleno Rosales admitiera que tenía incrustado en la nómina del Congreso a su hijo José Luis Rosales (con un salario de 15 mil pesos mensuales, a pesar de que sólo tenía estudios de primaria) los diputados de todas las fuerzas políticas (porque todos tienen las manos sucias) acordaron proponer que se considere el nepotismo como delito, lo que había sido retirado de las leyes en el período de Miguel Ángel Yunes Linares (orgulloso él de las virtudes políticas y profesionales de sus hijos). *** La propuesta plantea que el Artículo 35 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas plantee que “comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años”. *** A su vez, el 35 Ter de la misma Ley establecerá que “comete nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”. *** Proponen incorporar una fracción VII al artículo 315 del Código Penal para advertir que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público quien “utilice las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore”. *** Lo curioso del caso es que la presentación de esta iniciativa fue encomendada al expanista Rodrigo García Escalante, miembro de una familia que ha vivido, justamente, del tráfico de influencias. *** Por cierto… ¿Ya olvidaron quién fue el primero en ser señalado, en este gobierno, por nepotismo?

* * *

El mensaje provino de las entrañas mismas del Palacio de Justicia de Xalapa:

- No son los cargos, es la investigación que se inició por los miles de millones de pesos que han sido sustraídos del Fondo Auxiliar. Eso es lo que tiene “nerviosos” a los que están detrás del consejero Reducindo.

Documentado a través de los mecanismos formales de transparencia y acceso a la información, hoy se puede corroborar que desde la llegada de Edel Álvarez Peña a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (diciembre del 2016, justo con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al gobierno estatal), con el apoyo de los magistrados Pedro Luis Reyes Marín y Andrés Cruz Ibarra; la ex magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo y los consejeros Carla Rodríguez González y Édgar Mauricio Duck Núñez, fueron aprobados diversos acuerdos a través de los cuales disminuyeron de forma considerable los recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

Los documentos recabados muestran, por ejemplo, que mediante acta del Pleno Extraordinario del cinco de diciembre de 2016, se autorizó el traspasaron a la cuenta clabe 01284001477543376 de BBVA Bancomer, a nombre del Poder Judicial del Estado, 140 millones de pesos, provenientes del Fondo Auxiliar.

De esa suma, 120 millones de pesos se destinarían al fideicomiso Plan de Pensiones Complementarias por Jubilación para los magistrados del Poder Judicial del Estado, mientras que los otros 20 millones de pesos quedarían “bajo el resguardo” de la Dirección de Administración, “en tanto se determinara su destino”.

El expediente que se ha integrado y que forma parte de las pruebas documentales para proceder penalmente contra integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo, muestra también cómo, mediante avalúo de fecha 11 de junio de 2018 (realizado por el Corredor Público número 20 de la Ciudad de México, Francisco Castellanos Guzmán) se determinó que el valor del edificio ubicado en la calle Obrero Mundial número 114, de la colonia Obrero Campesina (donde se ubica el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado) era de 18 millones 314 mil 357 pesos.

Sin embargo, el Comité Técnico del fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, integrado por Pedro Luis Reyes, Mauricio Duck y Blanca Elena Gómez Bello, autorizó el traspaso de 60 millones de pesos a la cuenta bancaria del Poder Judicial del Estado, para la adquisición de dicho inmueble.

El sobreprecio pagado por el edificio se justificó con el oficio emitido por el Director de Administración, Humberto Rodríguez Losilla (srm/205/2018 de fecha 13 de junio de 2018) en el que se informaba que el costo era de 44 millones de pesos más IVA.

Los pagos realizados por la adquisición de dicho inmueble, fueron: 44 millones de pesos por la compra; 510 mil 400 pesos por pago de honorarios al notario Rodrigo Assam Hinojosa; 3 millones 661,120 pesos por el pago de IVA sobre construcción; 451 mil 800 pesos por “gastos, impuestos y derechos locales”; 47 mil 700 pesos por el avalúo; 2 millones 401,064 pesos por “adecuación de áreas del edificio”, y 5 millones 256 mil pesos por “rehabilitación y adecuación de área del edificio”.

No sólo eso: Mediante acta de fecha 18 de junio del año 2018, el pleno del Consejo de la Judicatura autorizó la disposición de recursos (8 millones 270 mil pesos) “para la rehabilitación y adecuación de áreas” ¡del mismo edificio!

Con la documentación obtenida sobre este caso, se puede determinar que el Presidente del Tribunal, los magistrados Pedro Luis Reyes y Andrés Cruz; los consejeros Carla Rodríguez y Mauricio Duck; el Director de Administración Humberto Rodríguez y el subdirector de Recursos Materiales, Jesús Martínez Obeso, así como Blanca Elena Gómez Bello, secretaria técnica del Fondo Auxiliar, compraron un inmueble con un sobreprecio, que representó un daño patrimonial por 25 millones 685 mil 642 pesos.

Esta es apenas una muestra de los pingües negocios ilícitos que se realizaron con los recursos del Fondo Auxiliar.

Esa es la misión del consejero de la Judicatura, Humberto Oliverio Hernández Reducindo: Desplazar a todo el personal identificado con la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, y colocar a sus alfiles para encubrir todos los actos de corrupción que se cometieron con la confabulación, no sólo de servidores públicos de alto nivel del Poder Judicial, sino con la connivencia de los diputados locales que integraban la Comisión de Vigilancia.

Esto y mucho más saldrá a la luz en los próximos días.

* * *

Epílogo.

México rebasó este jueves los 800 mil casos de coronavirus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. La dependencia detalló este día que los casos confirmados ascendieron a 804 mil 488. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología, dio a conocer, además, que ya son 83 mil 096 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus en el país. Los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad Covid-19 aumentaron a 39 mil 602. *** La hipertensión, la obesidad y la diabetes son los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan, hasta el momento, con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos confirmados en el mundo son 36 millones 392 mil 272, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

filivargas@gmail.com