A diferencia de Miguel Ángel Vega García, quien desde febrero de 2019 despacha como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado, otro veracruzano que en cambio fue implicado injustamente en la trama de la “Estafa Maestra” es Enrique González Tiburcio, un brillante economista nativo del puerto de Alvarado que fungió como coordinador de asesores de Rosario Robles en la SEDESOL y luego como subsecretario de Ordenamiento Territorial en la SEDATU, en las que Vega García fue titular del Órgano Interno de Control (OIC).

 En marzo del año pasado, González Tiburcio –quien en dos ocasiones ha recibido el Premio Nacional en Administración Pública–, fue imputado por un juez de control por presuntamente haber rendido testimonio falso a una autoridad distinta a la judicial. Junto con Armando Saldaña, ex director de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, habría desconocido su firma en el convenio suscrito el 2 de febrero de 2016 por más de 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Hidalgo, ante el OIC de SEDATU a cargo de Vega García.

 González Tiburcio y Saldaña eran los dos exfuncionarios de más alto rango que hasta entonces habían sido sujetos a proceso penal por la llamada “Estafa Maestra”. Ambos pasaron, paradójicamente, de denunciantes a imputados. Y es que desde junio de 2017, cuando ya estaban en la SEDATU con Rosario Robles, habían acudido precisamente ante Miguel Ángel Vega para presentar sendas denuncias para desconocer la suscripción del convenio con la Universidad Politécnica hidalguense y, en consecuencia, de los términos pactados con dicha institución académica.

Pero en vez de dar vista a la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependía directamente como titular del OIC, Vega García remitió los expedientes a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR. El 30 de noviembre de 2018, último día del sexenio peñista, González Tiburcio fue notificado de dos causas penales en su contra y emplazado a presentarse al Juzgado.

 En audiencia celebrada el 29 de enero de 2019, correspondiente a la causa penal 443/2018, el juez de control Orlando Íñiguez Delgadillo vinculó erróneamente al ex funcionario a proceso por el delito de falsedad de declaración a una autoridad distinta de la judicial. Haber negado su rúbrica que aparecía en el Convenio Marco fue la causa de su imputación. La prueba de grafoscopía que presentó la Fiscalía pretendió demostrar que la firma del convenio era auténtica. Sin embargo, el 10 de febrero, la defensa de González Tiburcio presentó apelación, pues demostró que ni él ni Saldaña estaban en la Ciudad de México en la fecha que fueron suscritos tales convenios.

 O sea que además de falsificar su firma, suplantaron también su identidad. Y no sólo eso, sino que hasta los cargos de ambos funcionarios fueron consignados erróneamente en una copia certificada que Vega García entregó a la FGR del convenio usado para desviar los 185 millones de pesos.

 El 28 de diciembre del año pasado, el ex rector de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena, declaró ante un juez de control que nunca conoció ni se reunió con los funcionarios de la SEDATU que fueron imputados, junto con él, de firmar dichos convenios millonarios, y afirmó que tales documentos tampoco fueron firmados en la Ciudad de México, sino que de la Secretaría se los enviaron para que los firmara en su oficina de Hidalgo.

 Este lunes 5 de octubre, en un acto de justicia para González Tiburcio, la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, determinó concederle al ex subsecretario la suspensión definitiva, resolución que impide la continuación del proceso que enfrenta por el presunto delito de falsedad de declaraciones. 

 Hace un par de semanas, en su respuesta oficial a la acusación presentada por la Fiscalía General de la República en agosto pasado, la ex secretaria Rosario Robles pidió al juez que cite a 15 funcionarios y ex funcionarios al juicio, entre ellos el ex Oficial Mayor de la SEDESOL y SEDATU, Emilio Zebadúa, personaje clave en el entramado de la “Estafa Maestra”, así como al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.

 ¿Citarán también a Miguel Ángel Vega García, actual funcionario de la Contraloría General del Estado y ex titular del Órgano Interno de Control de ambas secretarías?

 Por ahora, lo que sigue, es la exposición oral de los argumentos de la defensa de Robles Berlanga en una audiencia intermedia que ha sido programada para el próximo 26 de octubre. En esa audiencia el juez definirá qué pruebas son las que permanecen de cada una de las partes, de cara al juicio oral que se estaría llevando a cabo a finales de diciembre o principio de enero de 2021.