Uno de los ejemplos más claros es lo que se vive en el terreno de la ciencia. Desde su nombramiento como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla ha caracterizado su gestión por el prejuicio ideológico, tildando de “neoliberal” a la ciencia que apuesta por el desarrollo tecnológico global en lugar de la tradición comunitaria, con una visión completamente limitada, parcial y cerrada que, en concordancia con la política “austericida” del gobierno al que sirve, se ha dedicado a recortar todos los recursos posibles a diversos programas de apoyo a estudiantes, académicos e investigadores que para el morenato son prescindibles. Política ultraneoliberal, valga decir.
En esa lógica quedó inscrita la saña contra el Conacyt en particular, al cual los diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron desaparecerle 65 fideicomisos por un monto total de 24 mil 956 millones 674 mil 277 pesos, dejando al garete cientos de proyectos y a miles de científicos que los investigaban, desarrollaban y aplicaban. Y en lugar de oponerse, Álvarez-Buylla aplaudió la destrucción del sector que dice encabezar.
La justificación ya la conocemos: la pretendida corrupción cometida a través de fideicomisos supuestamente opacos que no rendían cuentas, “speech” que los investigadores han demostrado que es falso pero que, en la inercia de la propalación de noticias falsas y la construcción de la “posverdad” abrazada por este gobierno, su aparato propagandístico usa indiscriminadamente como línea argumentativa en redes sociales para atacar a los críticos de la medida.
Pero si el tema de los fideicomisos dejó en claro que la ciencia, la cultura, los derechos humanos y la libertad de expresión no tienen importancia en este sexenio, la decisión del Conacyt de retirar el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para los divulgadores de la ciencia de instituciones privadas como la Universidad Iberoamericana –con todo y que su rector, David Fernández, es un abierto simpatizante de López Obrador- y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), demuestra que la política pública en la materia está basada en una animosidad irracional contra todo aquello que provenga del sector privado y/o empresarial.
“Tienen lana, que lo paguen ellos” es parte de la cantaleta proveída a los jilguerillos oficiosos del régimen –incluidos los insertos en el mundo de la academia-, ignorantes de la manera en la cual funcionan los estímulos del SNI y las implicaciones de una decisión que no solo afecta a los académicos, sino a numerosos proyectos de investigación de diversos campos que eran financiados a partes iguales entre el Conacyt y las instituciones educativas. Tan solo en la Iberoamericana, más de 200.
Lo más grave es que ante la sinrazón, la única respuesta oficial –y oficiosa- son falacias desde el resentimiento de quienes no superan los traumas provocados por su adoctrinamiento trasnochado y retorcido.
La jauja militar
El presidente López Obrador acusa de “defensores de la corrupción” a quienes critican la desaparición de los fideicomisos para ciencia, cultura y derechos humanos. Pero al mismo tiempo aumenta de manera histórica los recursos para las fuerzas armadas… a través de fideicomisos que no tocó ni por equivocación.
Así los “progresistas” cuatreros.
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