La mañana de este miércoles, por ejemplo, se dieron dos hechos en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que nos siguen remitiendo a las mismas prácticas de la anticuada cultura priista, cuyos gobernantes solían premiar la ineptitud y solapar la impunidad.
Por un lado, Alfonso Durazo Montaño anunció que el de ese día sería su último informe como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) porque se va para contender el año próximo por la gubernatura de Sonora, su entidad natal que actualmente se disputan el cártel de Rafael Caro Quintero con el de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
¿Los sonorenses le darán el voto de confianza? La pregunta es obligada porque en los 22 meses que Durazo estuvo al frente de la SSPC ocurrieron 65 mil 549 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, cifra que representa un incremento de 9.8% en comparación con el mismo periodo del último tramo de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, en el que se contabilizaron 59 mil 112 asesinatos, de acuerdo con registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otro lado, en la misma conferencia mañanera, en un intento por confrontar a quienes se oponen a la desaparición de 109 fondos y fideicomisos, correspondió al director general del Canal 11 de Televisión, José Antonio Álvarez Lima, exponer el caso del fideicomiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe organizados en Veracruz en 2014, para los que la Federación aportó 1,873 millones de pesos, el 96 por ciento del total, mientras que el gobierno de Javier Duarte sólo dio el 4%, esto es, 80 millones de pesos.
“Este fideicomiso es una prueba viviente de la corrupción que existió en el manejo de recursos federales a través de esta figura. Financiar la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a través de un fideicomiso federal-estatal resultó un desastre deportivo, financiero y mediático. Una vergüenza para el país”, afirmó Álvarez Lima, quien detalló que “se concentró el capital en un fondo que popularmente se le llamó la ‘licuadora’, donde se mezclaron todos los recursos federales y estatales y se dispuso de ellos de manera arbitraria y discrecional”, y que “se desconoce el destino y uso final de 867 millones de pesos, el 44 por ciento”, ya que no existe ninguna documentación.
“La mayoría de las obras de infraestructura se entregaron inconclusas y algunas nunca se utilizaron como las villas. Muchos atletas, entrenadores e invitados fueron ubicados en hoteles de paso porque no había donde hospedarlos”, dijo el funcionario expriista.
Pero este caso data de hace seis años. Y ni los gobiernos del PRI y PAN sancionaron en su momento a los responsables. ¿Morena ahora sí procederá o los encubrirá como a los ex funcionarios yunistas implicados en el mega fraude de las 6 mil 476 cámaras de video vigilancia que no funcionaban ni instalaron en su totalidad pese a que pagaron a Comtelsat, la empresa contratista, más de mil 100 millones de pesos por adelantado? ¿Acaso tienen “acuerdo” con el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares? |
