Además de que Rocío Nahle tiene la ventaja de ser la más cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador –en 2015, por ejemplo, siendo dirigente nacional de Morena, AMLO designó a la entonces diputada federal de Coatzacoalcos coordinadora de la primera bancada de legisladores morenistas en la Cámara baja del Congreso de la Unión, y en diciembre de 2018 la nombró secretaria de Energía, encomendándole como cabeza de sector fortalecer a Pemex y a la CFE, así como desarrollar el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, una de las tres obras icónicas de la administración obradorista–, la titular de la SENER, aunque nativa de Zacatecas, también llevaría mano sobre los demás aspirantes de su partido a la gubernatura de Veracruz debido a un inédito criterio que el Instituto Nacional Electoral (INE) está por imponer a partir del presente proceso electoral 2020-2021, el cual obligará a los partidos políticos a postular a mujeres en la mitad de los estados en los que se elegirán gobernadores.

El año entrante, por ejemplo, se renovarán las gubernaturas de 15 entidades. El INE vigilará que en 8 sean nominadas candidatas, esto para cumplir con una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el argumento de que los institutos políticos no han cumplido con el precepto de “paridad en todo”.

De acuerdo con un predictamen que se prevé aprobar el próximo viernes 6 de noviembre por el Consejo General del INE, se argumenta que debido a que los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) no cuentan con atribuciones para garantizar la postulación paritaria, el instituto federal será el único facultado para obligar a que se cumplan las reformas de 2014 y 2019.

En el proyecto que debatirán los consejeros electorales, se establece que “si un partido político, coalición o candidatura común postula en una entidad federativa a una persona del género que no corresponde, será requerido para que, en un plazo de 72 horas, realice la sustitución pertinente para cumplir el principio de paridad”, advirtiendo que quien no haya realizado el cambio requerido, “perderá el derecho de postular candidatura”.

Este sorpresivo factor aparentemente posicionaría a Nahle García por encima del senador Ricardo Ahued, su popular ex compañero de escaño, y de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien como súper delegado de la Secretaría del Bienestar se supone que debería ser ampliamente conocido en todo Veracruz por los cientos de miles de adultos mayores que reciben pensiones, campesinos inscritos en el padrón de “Sembrando vida” y jóvenes becarios, entre otros beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.   

 Además, los enemigos políticos de Huerta –que vaya que los tiene, ¡y sobre todo adentro de Morena!– podrían inhabilitarlo para ser candidato a otra diputación federal en 2021 o a la senaduría o gubernatura en el 2024, pues el coordinador de los delegados federales en Veracruz acaba de ser denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto abuso sexual por una supuesta víctima que públicamente lo acusó también en una conferencia de prensa organizada a principios de octubre en un famoso café xalapeño ubicado frente a Palacio de Gobierno.

La agraviada, quien sólo se identificó como “Martha 254” –en referencia al número de expediente número 254/2020 que fue radicado en la FGE por el presumible hecho delictuoso que, dijo, ocurrió el 22 de septiembre de 2019– hizo un llamado a otras mujeres que habrían sido acosadas sexualmente también por el delegado de los Programas Federales para el Desarrollo en Veracruz, para que lo denunciaran penalmente.

Huerta, pues, está en riesgo de ser aniquilado políticamente, pues la semana anterior el Consejo General del INE determinó que a partir de este proceso electoral, para ser candidatos,  los aspirantes a un puesto de elección popular deberán firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que se establezca que no han sido sancionados por cometer violencia familiar o delitos sexuales, y tampoco ser deudores de pensiones alimenticias.