El caso es que desde el momento del arresto, el gobierno mexicano le ofreció apoyo diplomático al militar para su defensa legal, lo cual no hay necesidad de señalar que no ocurre cuando cualquier otro mexicano enfrenta un proceso penal de cualquier tipo en los Estados Unidos. Aquí, claramente, había un marcado interés del Estado por defender a quien fue identificado en la acusación en su contra como “El Padrino”.
Sin embargo, el arresto de Cienfuegos sirvió a ambos gobiernos –el de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador- para hacer propaganda acorde con sus propios fines: el primero, como parte de su (fallida) campaña electoral; el segundo, para reforzar su retórica de que antes de él en México nada funcionaba bien y que ahora “sí” se “combatirá” la corrupción.
La derrota de Trump en las elecciones en los Estados Unidos ha cambiado por completo el escenario. Y aunque el populista norteamericano se resiste a aceptar el resultado de las urnas –alegando un fraude que ni él se cree y del cual no existe una sola prueba. ¿Dónde hemos visto eso antes?- lo más probable es que abandone pronto la Casa Blanca. Y está tomando previsiones al respecto.
Es imposible establecer lo que verdaderamente hay detrás de esta decisión del gobierno estadounidense, que todavía debe ser aprobada por la jueza Carol Amon, quien lleva el caso y podría llegar a negarse a desestimar los cargos contra Cienfuegos. Pero de lo que no existe duda alguna es que se trata de una jugada política y no jurídica.
La Fiscalía General de la República, pero sobre todo la Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard negociaron la liberación de Cienfuegos –preso todavía en una cárcel neoyorquina- sin que hasta ahora se haya hecho público –y quizás nunca llegue a serlo- lo que se ofreció a cambio al gobierno estadounidense –que jamás da “paso sin huarache”-, el cual a su vez adujo que “consideraciones de política exterior importantes y sensibles superan el interés del gobierno en proseguir con el procesamiento del acusado”.
¿Qué sabe Salvador Cienfuegos que al agonizante gobierno de Trump no le conviene que diga una vez que entre en funciones la administración de Joe Biden? Esa podría ser una de las razones para entregar al militar y que sea “procesado” en México.
Empero, en nuestro país no existe ningún procedimiento judicial abierto en contra del ex titular de la Sedena. El mismo Ebrard así lo confirmó: “¿su estatus? Un ciudadano mexicano. No tiene cargos”.
Si se confirma la liberación y el general retorna a México, ya sabemos lo que sucederá. Y más de un personero lopezobradorista habrá de tragarse –como es habitual- todo lo que despotricó en su momento contra el militar en retiro. Aunque vale la pena puntualizar que éste no saldrá libre por haber demostrado su inocencia, sino por un arreglo político públicamente admitido por sus acusadores.
Y sigue quedando en el aire ese elemento central que permite la operación de los grupos del crimen organizado no solamente en México, sino también en Estados Unidos, donde está el verdadero negocio del tráfico de drogas y nunca se ha sabido de la captura de algún gran capo estadounidense: la colusión gubernamental a través de las fuerzas de seguridad y sus cada vez menos ocultos pactos de impunidad. Para más detalles históricos al respecto, échele un ojo a la serie documental sobre el caso Camarena “The last narc”.
El lodazal embarra muy alto. Y ésta no parece ser la excepción.
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