El Gobierno del Estado no lo integra solamente el titular del Poder Ejecutivo, sino también los del Judicial y el Legislativo. Sin embargo, luego del revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso local al declarar fundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición en contra del Decreto 576 sobre la reforma electoral, el único que deberá someterse a la consulta popular de revocación de mandato en 2022 es el gobernador Cuitláhuac García, quien ayer dijo que él no tiene temor porque no es corrupto como sus antecesores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. 

Empero, hasta ahora, la mayoría de las encuestas no favorecen al mandatario estatal de Morena, quien además de los polémicos resultados obtenidos en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud, desarrollo económico, apoyo al campo e infraestructura, entre otros, ha tenido que cargar también a su propia cuenta los yerros y escándalos protagonizados por los miembros de su partido en el Congreso local y el desatinado nombramiento de la magistrada Sofía Martínez Huerta, a la que tuvieron que destituir como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado a menos de un año de su designación.

Afortunadamente para García Jiménez, en 2022, cuando deba someterse al escrutinio de los veracruzanos que decidirán si debe continuar o no al frente del Poder Ejecutivo, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín ya no será su “operador político” en la nueva Legislatura del estado, mientras que la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien acaba de sustituir a Martínez Huerta, parece que está dando mejores resultados en la titularidad del Poder Judicial.

Sin embargo, la gran interrogante es qué hará el gobernador en su propia parcela de poder para cambiar la percepción negativa que se refleja hasta el momento en la mayoría de las encuestas sobre la marcha de su administración. 

Al cumplirse dentro de una semana el primer tercio de su sexenio, se esperaría que el mandatario hiciera una valoración estricta del desempeño de sus colaboradores, y que al margen de sus afectos y gratitudes personales ponderara con objetividad los resultados en cada área, de tal manera que sostuviera a los más capaces y reemplazara a los que no han podido con la función y responsabilidad encomendadas. 

Se sabe que en su gabinete tiene a funcionarios que por parentesco o por fuertes compromisos políticos con personajes influyentes como Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, o a la secretaria de Energía, Rocío Nahle –quien aspira a sucederlo en 2024– serían aparentemente inamovibles, pero también es un hecho irrefutable que Cuitláhuac García contaría con todo el respaldo y confianza del Jefe del Ejecutivo federal si se decidiera a hacer los ajustes en su equipo de gobierno que considere necesarios.

El gobernador estaría obligado a dar ya un golpe de timón si no quiere claudicar en 2022.  

Por lo mientras, la elección de 2021 está a la vuelta de la esquina. Y será vital para él y su grupo mantener la mayoría en el Congreso local, pues en el hipotético caso de que arrasara la oposición como acaba de suceder en los estados de Hidalgo y Coahuila, ¿a quién designaría la nueva Legislatura local como gobernador sustituto en caso de que él perdiera la consulta popular de revocación de mandato al año siguiente?