Luego de que el gobernador Cuitláhuac García, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, amagaron con proceder penalmente contra la empresa contratada en la administración del ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares para instalar 6 mil 324 cámaras de videovigilancia en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos –ya que acusaron que además de ser aparentemente obsoletas, se pagaron mil 100 millones de pesos por adelantado y el trabajo de instalación no se concluyó, operando con deficiencias el 28 por ciento de ellas–, una representante de la compañía expuso por escrito el 5 de marzo de 2019 ante la entonces directora general Jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, que desde el 29 de enero de ese año “de manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al Proyecto”, deteniendo “la realización de cualquier tipo de operación respecto al mismo”, e impidiendo “actividad alguna” tendiente a su finalización.

 En respuesta al expediente SSP/DG/RAC/004/2018, sobre el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA-111-17, celebrado el 07 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del Estado a través de la SSP y Comtelsat para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz”, la apoderada legal de la empresa, Gabriela Montaño Zúñiga, afirmó que “aun cuando existe la intención y voluntad de solventar solicitudes respecto a necesidades que surgen, no se encuentra en posibilidad de llevarlas a cabo” porque desde hacía dos meses no les habían permitido el acceso al Proyecto.

 Además señalaba que “la totalidad de los bienes entregados por mi representada a la fecha de presentación de este escrito asciende al valor correspondiente asignado en el contrato, e incluso se ha hecho entrega e instalación de bienes por un valor mayor y en exceso, comprendiendo en todo caso la totalidad de los bienes implicados y descritos en el Anexo Técnico del Contrato, los cuales se encuentran instalados a disposición del Gobierno del Estado, tal como se ha establecido en las minutas, relaciones de trabajo y validaciones elaboradas por ambas partes, en donde se contiene la identificación de cada uno de dichos bienes, las características propias de acuerdo a su naturaleza, datos de identificación, así como las ubicaciones en donde se han instalado.”

 Asimismo aseguraba que el servicio de electrificación sí se concluyó, pero precisando que “la puesta a punto del Proyecto no se ha completado en su totalidad”, debido a “diversas causas ajenas a mi representada, tales como fallas técnicas impredecibles que se encuentran en proceso de resolución, así como afectaciones de origen meteorológico que han retrasado la configuración de los equipos e incluso han generado daños al equipamiento, complicaciones orográficas, saturación del espectro radioeléctrico, por señalar las principales.”

 También presentó a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública un documento con una detallada explicación técnica de la problemática que continúa vigente respecto a la funcionalidad del Proyecto, mismo que se comprometió a que la empresa lo concluiría en un periodo de 160 días a partir de que le permitieran su acceso a él.

 Ayer, por fin, casi dos años después, el gobernador Cuitláhuac García afirmó en conferencia de prensa que “la opción que vimos más viable” es que la empresa contratista “concluyera gran parte de los trabajos de la instalación de las cámaras”.

 ¿Y los ex funcionarios implicados como presuntos responsables de este escandaloso caso, contra los cuales fue presentada una denuncia  formal desde abril de 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado y Eric Cisneros Burgos?

Como se recordará, en esa ocasión, a través de su cuenta de Twitter, el titular de SSP informó que pese al excesivo costo de mil 100 millones de pesos, el contrato suscrito con la empresa Comtelsat estaba plagado de irregularidades.

Y detalló que de 6 mil 324 cámaras únicamente estaba operando el 28 por ciento, es decir, sólo estaban funcionando mil 695 cámaras y de manera deficiente.

“Las veracruzanas y veracruzanos merecen justicia ante este tipo de engaños y atropellos, exigimos se investigue a fondo y se repare el daño”, escribió esa vez Gutiérrez Maldonado.

Pero hasta ahora, por este caso, la FGR no le ha fincado todavía responsabilidades a ningún ex funcionario de la administración yunista.